En el país de los ciegos estacionan los "langas"

En el país de los ciegos estacionan los "langas"

En la esquina de Libertador e Intendente Bullrich, una playa de estacionamiento funciona en un predio usurpado. Las direcciones -pomposamente adornadas con el mote de "generales"- de Verificaciones y Habilitaciones y de Concesiones y Privatizaciones, aquejadas por su habitual ceguera, ejercieron el oficio que mejor conocen: el de no intervenir


En el predio que se encuentra en la esquina de las avenidas Bullrich y Libertador, que es de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay una playa de estacionamiento, que es utilizada por los clientes de "El Parrillón de la Recoleta", que está situado justo al lado.

Hasta aquí, todo pareciera estar en orden. Pero existe un problema. La sociedad propietaria de "El Parrillón de la Recoleta", urgida por la necesidad, simplemente ocupó el terreno, dejando de lado que éste sólo puede ser utilizado por particulares si existe una licitación previa, o al menos una adjudicación directa.

Cuando el ex-representante Marcelo Gey denunció esta anomalía, fue elaborado el Informe Nº 335, que firma Fidel Silva, dirigido a la directora general de Administración de Bienes del Gobierno porteño, Déborah Cohen. En el Informe, Silva declara que existe un pedido de uso del predio en cuestión por parte de la empresa que explota la confitería "Puente Bull".

En el informe, Silva aconseja a la señora Cohen que "resulta de conveniencia para los intereses de la Ciudad" adjudicarle la explotación del terreno a la empresa mencionada.

De todas maneras, el expediente -que está a la firma del jefe de Gobierno- sufrió en el proceso de peregrinación de una oficina a otra alguno que otro involuntario "streap tease". Fue así que el director general Técnico Administrativo y Legal, Adrián Borthagaray le tuvo que solicitar a Marcelo Gey -cuya denuncia originó las actuaciones- que le repusiera un folio, que había sido sustraído.

En ese folio, Gey cuestionaba a los funcionarios el hecho que la playa de estacionamiento no poseía -ni posee ahora- habilitación, además del hecho mismo de que funciona en un predio usurpado. Además, en el folio robado, Gey afirma que el procedimiento que encararon los funcionarios favoreció a los ocupantes ilegales, ya que se les permitió seguir ocupando el lugar, sin pagar canon.

En este caso, tanto la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones, como la Dirección General de Concesiones y Privatizaciones, indudablemente miraron para otro lado, sino no se entiende que en una esquina tan importante pueda existir tamaña irregularidad sin que nadie haya actuado.

Te puede interesar

Qué se dice del tema...