Las múltiples irregularidades que se produjeron en torno al funcionamiento del "Parrillón de la Recoleta", que paradójicamente está ubicado en la esquina de Bullrich y Libertador, en pleno Barrio de Palermo, motivaron una denuncia judicial que abarca a varios funcionarios.
Los supuestos concesionarios de "Parrillón de la Recoleta" construyeron un piso en altura, que sobresale del terraplén del ferrocarril, sin autorización del Estado porteño. Además, construyeron una playa de estacionamiento que actualmente es usada, en parte, para colocar mesas con sombrillas en tiempos de verano. Pero lo más grave es que ese espacio no debe ser concesionado después de ocupado, sino que se debe convocar a una licitación. Toda otra acción es ilegal. En el lugar funcionó antes un restaurant llamado "The Horse", en el que se reunían en tiempos pretéritos algunos dirigentes radicales. El restaurant, que nunca excedió los límites del terraplén, funcionaba en forma legal.
Marcelo Gey, que entre 1973 y 1976 fue representante porteño -una jerarquía equivalente a la de concejal- denunció por omisión de denuncia, incumplimiento de los deberes de funcionario público, usurpación y asociación ilícita al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra; a los ex directores generales de Concesiones y Privatizaciones, Débora Cohen, Fernando Calvo, Adolfo Reichemberg y Alejandro Kampelmacher; al procurador general de la Ciudad, Juan Carlos López; al director general de Verificaciones, David Kulloch y a la empresa "Junín 1721", propietaria de Parrillón de la Recoleta, en este caso por estafa.
El 26 de noviembre de 2001, Gey presentó una denuncia por la usurpación del predio en cuentión, al Área Jefe de Gobierno de la Ciudad. Posteriormente se armó un expediente -que lleva el número 20.045/01. Este documento será homenajeado dentro de algunos años por haber desaparecido en acción, tiempo después. La subsecretaria Legal y Técnica, Alejandra Tadei, elevó la denuncia a la Dirección de Concesiones y Privatizaciones, solicitando una inspección ocular. Funcionarios de esta dirección tomaron algunas fotos, de las que se desprendía claramente la usurpación.
Luego, el expediente fue girado a la Procuración General, que recomendó que se le cobrara al usurpador un canon cercano a los 1.200 pesos mensuales, que equivalía a 3 centavos por metro cuadrado por día.
El siguiente destino del expediente fue la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. Cuando Gey tomó vista del expediente, en él sólo había un plano, pero no había rastros de la denuncia que el antiguo representante había presentado. Enterados los funcionarios de esta área, redactaron la Disposición 1.027/03, que recomendaba demoler la cuestionada construcción. Hasta el momento la medida no fue acatada.
Como medida complementaria, Gey presentó el 21 de octubre útimo una nota ante la Dirección de Concesiones y Privatizaciones denunciando la usurpación, que lleva el 11.999/03. Este trámite tuvo los mismos resultados negativos que todos los anteriores.
De todos modos, existen múltiples organismos que deberían haberse anoticiado de tantas irregularidades, entre ellos todos los mencionados más arriba. Pero es sabido que epidemias de astigmatismo, de cataratas, de flebitis y aún de cansancio moral azotan a los porteños, por lo que no fue posible cerrar este local, que funciona de manera ilegal a la vista de todos los sanos. La salud pública debería darle respuesta a tanta enfermedad, pero ella también -pobrecita- está en crisis.
