El subsecretario de Ingresos Públicos del Gobierno porteño, José Luis D’Ipólito, se manifestó críticamente esta tarde sobre la decisión de la ombudsman porteña, Alicia Oliveira, de radicar una denuncia penal contra los funcionarios que contrataron en forma directa a la empresa OCA para distribuir la correspondencia de la Dirección General de Rentas.
D’Ipólito justificó la compulsa de precios en lugar de la licitación en la urgencia de la licitación. "Cuando asumimos el gobierno, en agosto de 2000, se terminaba el año y la licitación estaba muy complicada, por eso prorrogamos por un año más el contrato, consiguiendo un mejor precio. En el 2001 pedimos -antes de la compulsa- a los bancos Ciudad, Sudameris y Francés que nos dijeran cuánto pagaban por el servicio. En base a esta consulta, elegimos el precio más conveniente, que fue más bajo que el que pagaban los mismos bancos que consultamos".
"Pero, además de esto, en 1999 la ciudad pagó 18 millones por el servicio, en 2000 pagó casi 17 millones y desde el 2001 paga sólo 10,250 millones de pesos. Además, la Procuración General aprobó el procedimiento", expresó el funcionario.
En cuanto a la exigencia de que la empresa debía tener al menos 1.500 empleados, el subsecretario explicó que "cada 60 días nosotros enviamos un millón y medio de boletas para que la empresa las distribuya en el plazo de una semana. Esto exige un gran despliegue de personal por parte de la empresa. Nosotros debemos exigir -para que el concesionario sea idóneo- que el trabajo que hace para el gobierno no sea más de un tercio del total del trabajo que desarrolla. Además, debe tener sucursales en todo el país".
Finalmente, en cuanto a la diferencia de precios con los servicios que prestan otras empresas en otros municipios, D’Ipólito manifestó que el servicio que exige el Gobierno porteño es de calidad diferente. "Inclusive Correo Argentino, que cobra más baratos sus servicios en otras jurisdicciones, a nosotros nos cotizó un precio mayor que la empresa ganadora".
