Veinte minutos después de las 11, la ministra de Derechos Humanos y Sociales de la Ciudad, Gabriela Cerruti, llegó al Salón Montevideo de la Legislatura para reunirse con los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento porteño. La funcionaria fue citada para que explicara cuáles son las políticas gubernamentales tendientes a solucionar el problema de las personas que se encuentran en condiciones de trabajo semiesclavo. La situación salió a la luz a raíz del reciente incendio en una fábrica textil de Caballito, en la que murieron seis personas de nacionalidad boliviana. A la reunión también fueron invitados los diputados que integran las comisiones de Desarrollo Social y Mujer, Juventud, Niñez y Adolescencia.
Sentado en la cabecera de la mesa, se ubicó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Facundo Di Filippo. A su derecha, se sentó la vicepresidenta de la comisión, Lidia Saya. Le seguían en orden Inés Urdapilleta, Liliana Parada, Martín Borrelli, Diego Kravetz (que se sumó cuando ya había comenzado la reunión y se retiró 30 minutos antes que terminara), Sandra Bergenfeld (en la otra cabecera de la mesa), Silvia La Ruffa, el zurdo (para escribir) Sebastián Gramajo y Pablo Failde.
Además de la ministra, los representantes del Ejecutivo porteño en la reunión fueron el subsecretario del ministerio, Omar Abud; la ex titular de la Dirección de Niñez y actualmente responsable de la Dirección General de Asistencia a la Víctima, Carmen María Frías; la responsable máxima del programa Buenos Aires Presente (BAP), Patricia Malanca; la jefa de Gabinete del Ministerio de Derechos Humanos, Daniela Cerchiaro.
"Se sabe que dos argentinos eran dueños de la fábrica que se incendio en la calle Luis Viale, que a su vez manejaban otra fábrica a la vuelta. Los dueños tenían dos locatarios, uno argentino y otro boliviano. Esto últimos forman parte también de la cadena de responsables y uno de ellos, el boliviano, se encuentra viviendo en el centro de evacuación del Parque Avellaneda", expresó el legislador Borrelli. Las suyas fueron las declaraciones más fuertes y que tienen implicancias directa con la causa penal por las muertes.
La ministra, vestida de rojo, inició su exposición de manera tensa que se fue apaciguando con el transcurso del tiempo. Ella expuso las tareas que realizó el día del incendio en la fábrica de Caballito y la política más general de su área.
Continuando con su discurso, la ministra hizo hincapié en la atención que se les brinda a las víctimas por el incendio (110 evacuados hay en el Polideportivo de Parque Avellaneda), las vivencias en el centro de evacuados ("muchos decidieron bajarse de las camas y dormir con los colchones en el suelo y nosotros eso se lo respetamos", señaló), las cifras estadísticas "estimadas en 1.600 talleres ilegales, 200 con condiciones laborales de servidumbre, lo que implica unas 6.000 personas en esa situación", y críticas al propio Gobierno porteño "hay fallas serias en el control. Siempre se necesita recursos y personas para controlar y para ello necesitamos del aporte de Provincia de Buenos Aires y Nación".
Urdapilleta cuestionó la institucionalidad de la línea telefónica (el 108 que recibe todo tipo de denuncias) y prefiere que los temas se canalicen por vía de los colegios y los hospitales. A su vez, cuestionó la actuación de la Policía Federal como controlador de los talleres clandestinos. "La complicidad de la policía no nos cabe duda que existe", dijo Cerruti.
Por su lado, Failde machacó sobre la Dirección de Migraciones por "no haber participado de inspecciones realizadas a fines del año pasado" y manifestó que debería trabajarse en las políticas entre el Estado nacional y de la Ciudad.
Avanzada la reunión llegó el vicepresidente primero de la Legislatura, Santiago de Estrada. Éste arrimó una silla al lado de Bergenfeld. El encuentro finalizó con la solicitud de informes que el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales aún debe.
