Respecto a la licitación para la adquisición de dos mil dispositivos intrauterinos (DIU), realizada el 19 de julio por el Hospital General de Agudos "Parmenio T. Piñero", el Vicepresidente 3º de la Legislatura porteña, Ricardo Busacca (Partido Popular Cristiano), afirmó: "Me parece inaudito que con las necesidades que tiene el sistema hospitalario de la ciudad, se utilicen fondos que podrían salvar vidas en la compra de insumos para el `Programa de Procreación Responsable´, que tiene por objeto entregar en forma gratuita dispositivos abortivos, especialmente entre los menores de edad y aún, contrariando la ley nacional que tutela la figura de la Patria Potestad".
"Hoy los hospitales de la ciudad se encuentran en emergencia producto de una mayor demanda", expresó Busacca, quien también agregó que "mucho más grave es el caso del Hospital Piñero, que cubre el área de menores recursos de la ciudad, con el mayor índice de mortalidad infantil y de tuberculosis, y por ello es necesario ser responsables con la utilización de los recursos del erario público".
El diputado cristiano sostuvo, en ese sentido, que "no se entiende porqué se va a gastar 100.000 pesos en la compra de Dispositivos Intrauterinos, cuando ese dinero podría ser utilizado para la compra de medicamentos, insumos medicinales, mejoramiento de las infraestructuras edilicias, mejores remuneraciones, más personal".
INCONSTITUCIONAL
El 4 de marzo pasado se conoció el fallo de la jueza civil Graciela González Echeverría, por el cual se decretó la inconstitucionalidad de la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la Ciudad, cuyo principal objetivo fue evitar los embarazos no deseados, tanto en adolescentes como en mujeres adultas, para que no recurran al aborto y disminuir así la mortalidad materno infantil. La decisión de la magistrada, que está a cargo del juzgado 34, se basó en una demanda de amparo de tres abogados que invocaron su condición de padres y pidieron que no se imponga una conducta sexual a sus hijos. El Gobierno de la Ciudad apeló el fallo y aún se espera la decision de la instancia superior.
Esta ley fue aprobada por los legisladores porteños en junio de 2000, por 39 votos a favor y 13 en contra. En aquella oportunidad, el bloque de la Alianza logró imponer el dictamen de mayoría, que contemplaba la prescripción y provisión de métodos anticonceptivos, y la realización de los estudios clínicos y ginecológicos que los médicos consideren convenientes antes de procurarle a un paciente algún método de anticoncepción.
La norma -que contó con los votos en contra en aquel entonces de los legisladores de Nueva Dirigencia, Pimpi Colombo, Gustavo Béliz, Jorge Srur y Miguel Doy, y la peronista Alicia Pierini, entre otros ocho diputados- establecía además que todos los hombres y mujeres de la Ciudad tienen el derecho a acceder a la información, métodos y servicios necesarios para ejercer responsablemente sus derechos sexuales y reproductivos.
A mediados de marzo de 2002, la titular de la Fiscalía Nº 4 de la Justicia Nacional, Maria del Carmen Micame, realizó un pedido de inconstitucionalidad de la norma porteña, basándose fundamentalmente en dos conceptos: "el llamado sexo seguro es falso" y los métodos anticonceptivos del DIU y el preservativo, "promueven el aborto y el sida".
EL SUCESOR DE SAN LUIS IX
En relación al Foro para la Reglamentación del Aborto no Punible, realizado a principios de junio por los legisladores porteños Roy Cortina (PSP), Patricio Echegaray (PC en IU), Abel Latendorf (Piquete Socialista), Lía Méndez (Partido Humanista) y Vilma Ripoll (MST en IU), Busacca afirmó que "no me extraña nada de estos legisladores, que ayer nos explicaban las ventajas de los matrimonios entre personas del mismo sexo y hoy nos proponen seguir avanzando en la destrucción de la familia. Seguramente, la eutanasia y el infanticidio serán sus próximas conquistas sociales".
