El lunes último NOTICIAS URBANAS informó que este viernes 9 de mayo los diputados que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales, y junto a ellos los bloques que lo respaldan, tendrían que mostrar sus cartas al emitir una postura acerca de la ley 1.877, denominada Ley Clarín, que evita que el multimedios deba soterrar los cables del servicio de TV pago. De esta norma, el Tribunal Superior de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos que perjudicaban a la competencia: los que obligaban a las empresas que ingresaran al mercado después de la sanción de la norma a soterrar sus tendidos.
Debido al fallo adverso, la ley debe ser revisada en la Legislatura porteña. Pero nuevamente, se suspendió la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El argumento fue el mismo de la última vez: la ausencia del presidente de la Comisión, Marcelo Godoy (PRO), quien se encuentra en Chile a raíz de un problema familiar. Sin embargo, fuentes cercanas al diputado informaron que con anterioridad a la reunión se había acordado que la misma se llevaría a cabo a pesar de su ausencia. Ahora se eligió un nuevo día: el lunes 12 de mayo, que se acerca peligrosamente al vencimiento del plazo para tratar la ley, fechado para el jueves 15 de este mes. Originalmente, la fecha de vencimiento era el 13 de mayo, pero, según explicó el titular del bloque PRO de la Legislatura porteña, Oscar Moscariello, se corrió dos días debido a la suspensión de la sesión legislativa que coincidió con el feriado del 1º de mayo.
Entre las dudas, miedos, lavadas de manos y recelos que a muchos diputados les genera el tener que modificar una norma que beneficia a Clarín, algunas voces ya se alzaron en la Legislatura porteña reclamando públicamente el soterramiento de los cableados, como en el caso de los diputados Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) y Martín Hourest (Igualdad Social).
La cuestionada ley fue votada en 2005 cuando vencía el plazo de 10 años que el gobierno porteño de Fernando de la Rúa les había dado a las empresas para soterran los cables. La norma, enviada a la Legislatura por Aníbal Ibarra cuando era jefe de Gobierno, permitía a las compañías existentes (Cablevisión y Multicanal, del holding Clarín, y también a Telecentro) mantener durante veinte años más el cableado tendido por aire y sólo obligaba a pasar bajo tierra los cables que se colocaran después de su sanción. Con esta ley, el multimedios Clarín y la empresa Telecentro se evitaban tener que desembolsar cientos de millones de pesos en el soterramiento, mientras que las demás compañías que se incorporaran al negocio de la TV por cable sí debían hacerlo. Por ese motivo, la empresa Gigacable realizó una demanda en la Justicia que, después de las sucesivas apelaciones, culminó con el fallo del Tribunal Superior de Justicia, que suprimió los artículos que perjudicaban la competencia en igualdad de condiciones.
Pero como el resto de la ley continúa vigente, la situación es ésta: si la norma no se modifica en término, quedará ratificada sin los dos artículos cuestionados. Esto generaría un vacío legal que impediría, igualmente, el ingreso de otros operadores de cable al mercado o los obligaría de hecho a tener que soterrar sus tendidos, ya que la norma prohibe que más de tres empresas utilicen los actuales postes de cableado y también impide la colocación de nuevos postes.
