El ejercicio de casi cinco meses de gobierno le está haciendo ver al jefe porteño, Mauricio Macri, que gestionar un Estado no es lo mismo que dirigir una empresa, por más grande que sea. Y se complica la concreción de los rimbombantes anuncios que el ingeniero de miradas congelantes hizo durante la campaña electoral y los días posteriores a su asunción.
En este momento necesita conseguir más de 12 mil millones de pesos. Una parte depende de decisiones de la Legislatura porteña, y otra parte, de que mejore el estado de los mercados internacionales. Esta situación puede impactar fuertemente en la obras de infraestructura social que tiene proyectadas y anunciadas con bombos y platillos el Ejecutivo, o en el comienzo de la construcción de las nuevas líneas de subtes o la compra de equipamiento hospitalario. Y ni mencionar el proyecto de trasladar la Jefatura del Gobierno a Barracas, donde se planea construir un centro cívico mediante leasing, que ya le puso los pelos de punta a la oposición porque el macrismo quiere que, para el caso de una controversia con los privados, no intervenga el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, sino el Civil, y que además haya un arbitraje privado.
Sobre este particular, el diputado kirchnerista Cristian Asinelli explicó que "el Gobierno cree que los jueces del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, como Roberto Andrés Gallardo y Elena Amanda Liberatori, son muy garantistas y esto llena de temor a los inversores privados, que suponen que siempre llevarán las de perder". "Por eso es que también quieren la posibilidad de un arbitraje privado antes de llegar a la Justicia", agregó el legislador, quien, por otra parte, estimó que esa obra no puede costar menos de 300 millones de dólares.
Pero el diputado Álvaro González (PRO) defendió la posición del Gobierno porteño en ese sentido, diciendo que en realidad "ese proyecto todavía no llegó a la Legislatura y que la intención de evitar el fuero Administrativo e impulsar el arbitraje privado es que "tanto el Estado como el privado jueguen en la misma cancha". "Sino siempre hay un preponderancia del Estado sobre los derechos de los inversores", precisó.
LA DANZA DE LA FORTUNA
Para empezar a enumerar podemos decir que el bono de 500 millones de dólares o 1.604 millones de pesos que debía emitirse para realizar obras de infraestructura social, que fue sancionado junto con el Ejercicio 2008, todavía no pudo ser colocado. Esta imposibilidad está dada por la crisis de los mercados internacionales, que no prestan plata y si la prestan es a una tasa altísima. Por eso es que el gobierno macrista decidió por estas horas colocar ese bono en dos tramos de 250 millones de dólares, una parte en agosto de este año y la otra el año que viene.
Mientras, se planea avanzar con los procesos licitatorios de las obras a realizarse. Ese bono, una vez colocado, tiene que volver nuevamente a la Legislatura, que es la que aprueba finalmente el contrato diseñado por las entidades colocadoras, en este caso el Citibank, el Banco Macro y el Barclays SA. Asimismo, el Gobierno porteño pidió a la Legislatura que le otorgue facultades al ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, para que maneje las riendas de la negociación tendiente a colocar ese bono en las mejores condiciones posibles.
Cabe agregar que el gobierno de Macri ya empezó a realizar algunas obras que estaba contemplado financiar con este bono, pero con ingresos corrientes. La pregunta del millón es hasta cuándo va a poder seguir enfrentando esos gastos con el disponible en la caja si se tiene en cuenta que por ley solamente se puede reasignar hasta un 5 por ciento de las partidas presupuestarias. Seguramente, muchas obras quedarán inconclusas si no cambian las condiciones del mercado internacional para que finalmente el Citibank y compañía puedan colocar el bono.
Después, la Legislatura recién hoy podría terminar de aprobar la modificación de la Ley de Subtes, aunque a decir verdad, lo único que se sancionaría sería la posibilidad de que el Estado pueda construir en un 100 por ciento la obra y subsidiar las tarifas.
Según el oficialismo, con esos pocos puntos aprobados ya podrían salir a pedirles al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o al Banco Mundial (BM) el dinero que necesitan: nada menos que de 2.500 millones de dólares para la confección del primer tramo, esto es 28 kilómetros. Pero según prometió Macri, se tenderán en total 44 kilómetros.
El dinero necesario para los 16 kilómetros restantes es aproximadamente 1.200 millones de dólares más. En pocas palabras: Macri necesita un poco más de 10 mil millones de pesos, o 3.700 millones de dólares, para cumplir el sueño del subte propio. El tema pasa por saber si hay algún organismo internacional que pueda prestar tanto dinero.
Según el diputado Asinelli, conseguir esa suma "es casi imposible, primero porque tiene que intervenir la Nación, una cuestión que no es menor, y además, porque tanto el BID como el BM deben tener presupuestados entre 2 mil y 3 mil millones de dólares para prestar a la Argentina, es decir, para realizar obras en todo el país".
Asimismo el diputado advirtió que un trámite ante el BID o el BM para pedir dinero "no llevará menos de un año con mucha suerte, esto quiere decir que quizá Macri termine su mandato sin haber concluido las obras del subte, para no decir que ni siquiera las haya podido empezar".
Pero agregar confusión a la desorientación generalizada, el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, envió a la Legislatura el pedido de autorización para la emisión de otro bono, en este caso, para cancelar deudas por unos 800 millones de pesos a proveedores del Estado. Se trata de una obligación que heredó Macri del gobierno de Jorge Telerman y que, para colmo, no estaba presupuestada.
A este nuevo bono la oposición le salió con los botines de punta. Es que siempre tanto el oficialismo como la oposición en la Legislatura batieron el parche con que ese cuerpo no autoriza emisión de deuda para gastos corrientes, sino solamente para la realización de obra pública. Infinidad de veces se le escuchó decir esto tanto al macrista Diego Santilli, como al kirchnerista Juan Manuel Olmos, en las rondas que se realizan todos los años con las diferentes reparticiones del Gobierno cuando hay que aprobar la ley de Presupuesto. ?Podemos discutir cómo pagarlo, lo que no se puede es no pagarlo, porque los proveedores certificaron los trabajos?, señalaron a este semanario, voceros del ministro Grindetti. Desde la cartera de Hacienda explicaron, además, que el proyecto presentado en la Legislatura contempla pagar intereses en cuatro años y que, el último año, se salde el monto total de la deuda.
Finalmente, Macri está gestionando en la Legislatura una ampliación presupuestaria de 150 millones de pesos para realizar obras en Salud. La idea es invertir ese dinero en obras de infraestructura y equipamiento de alta complejidad, que actualmente el Estado alquila a privados.
En resumen a Macri le faltan 1.600 millones de pesos del bono para infraestructura social; 150 millones para Salud; 10 mil millones para la construcción del Subte (según lo pactado, la mitad debería ponerla la Nación) y 800 millones para pagar a proveedores. Esto nos da la friolera de 12.550 millones de pesos, sin contar el emprendimiento de Barracas.
A esta realidad le puso el pecho el diputado macrista Cristian Ritondo, quien ante una consulta de Noticias Urbanas sostuvo: "Básicamente estamos tratando de reparar la deuda histórica que tiene el Gobierno porteño con los vecinos en materia de obra pública. Y en esto nos diferenciamos del resto de las administraciones que hubo en esta Ciudad, que se endeudaban para pagar gasto corriente".
(PUBLICADO EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 135, DEL 08/05/08)
