Vecinos autoconvocados de Monserrat y Constitución, más organizaciones sociales, este martes por la tarde con cacerolas, pirotecnia y aerosoles fueron hasta la puerta de los prostíbulos donde se esclaviza menores de edad y se vende drogas.
Estos locales, que cuentan con habilitación como wiskerías, funcionan en las cercanías al departamento Central de la Policía Federal. Según figura en la denuncia penal que presentarán una decena de diputados nacionales y porteños en base a lo investigado por los vecinos y las organizaciones como La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Según supo NOTICIAS URBANAS, los costureros de La Alameda y los cartoneros del MTE, y los vecinos de Constitución y Monserrat, se concentraron en San Juan y Lima, a partir de las 18.
"La idea de ir con mascaras es proteger la identidad y que ello evidencie que acá se convive con una mafia que cuenta con respaldo de la Policía Federal", argumentó Gustavo Vera referente de La Alameda y el principal impulsor de esta unión de vecinos y organizaciones sociales que cuenta con el respaldo de diputados nacionales y porteños, más la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Sobre la denuncia, esta agencia se comunicó con el ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno porteño, Guillermo Montenegro. "No te puedo atender ahora, llamame en media hora", contestó rápidamente a la consulta sobre la postura de la administración PRO. El contestador del ministro fue la respuesta en los posterior intentos.
De todas maneras, este medio supo por los propios vecinos de los prostíbulos que horas previas al escrache, el Gobierno porteño tomó la iniciativa de clausurar por falta de higiene el local de Santiago del Estero 1361 llamado "Las Caribeñas" y allí dejo consigna policial, la misma clausura en avenida Garay 126 en el supuesto bar-poll "El Dorado".
Para las organizaciones sociales la denuncia penal en la justicia demuestra que "este negocio ilegal es un sistema, no un hecho policial. Estamos poniendo en discusión acá que el tema de seguridad se toma por el lado de las víctimas de la Trata, del tráfico de drogas, de los vecinos que deben convivir entre tiroteos, riñas constantes", expresó Juan Grabois, del MTE.
Por su parte, Margarita Meira, del Comedor Madres de Constitución, ubicado a mitad del pasaje Cuidadela, y ex presa política por los incidentes de la Legislatura, "acá se llegó a puñalar un vecino. Por eso en diciembre de 2006 hicimos una pueblada en la comisaría 16 a cargo de Crisi. Ese comisario hay que echarlo. No puede ser que lo traigan de la comisaría 7ª después que Graña (por el conductor de América 2) mostrará el negocio de robo de celulares".
Los vecinos más valientes por su cercanía a los prostíbulos han insultado a los proxenetas, denunciado en la fiscalía Contravencional Nº 12 y tratar de echarlos de los edificios donde alquilan. Ello sucede en Salta 308 con el bar "La Previa" y en San Juan 1338 con el llamado "Kentuky" que luego de varias clausuras por un breve período no llevaba nombre visible.
Pero las motos van y vienen, los taxis con prostitutas siguen apareciendo en la madrugada, como los autos de lujo con vidrios polarizados. La policía de las comisarias 4ª y 16ª sólo llegan para tranquilizar unos minutos el ambiente entre vecinos y los rufianes del hampa con sus clientes.
La denuncia penal que solicita investigar al máximo responsable de La Federal, Néstor Jorge Valleca, por más de 30 prostíbulos cuenta con el auspicio y respaldo del presidente del bloque Coalición Cívica de la Cámara de Diputados, Adrián Pérez; del vicepresidente primero de la Comisión de Justicia de esa misma cámara, el diputado radical Rubén Lanceta (UCR); de las diputadas nacionales Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes (Coalición Cívica) y Cynthia Hotton (PRO), Claudio Lozano (Movimiento por Buenos Aires). Silvina Storni (UCR) y los legisladores porteños Martin Hourest (Autonomía con Igualdad), Facundo Di Filippo y Diana Maffía (CC), y Julián D’Angelo (socialista).
La denuncia fue radicada este mediodía y recayó en el juzgado Federal Nº 7, que se encuentra sin juez a cargo pero subroga Norberto Oyarbide. El polémico magistrado que consideró a los bolivianos esclavos por tradición cultural en la causa contra Soho por tercerizar su producción en talleres clandestinos.
El diputado nacional crítico del kircherismo que integra Diálgo por Buenos Aires, Miguel Bonasso, adhiere a la denuncia, al igual que los legisladores porteños Guillermo Schmidt y Sergio Abrevaya.
"Nos cuesta entender cómo los vecinos pueden descubrir las redes, y no la Policía", manifestó la defensora del Pueblo porteño, Alicia Pierini, quien inició la denuncia de los prostíbulos desde abril con el caso New Liza de Flores y luego a fines de mayo con los cincos prostíbulos de la calle Salta y Santiago del Estero entre avenida de Mayo y Belgrano.
"Hay una violación de derechos humanos ?señaló Pierini a la periodista Sibila Camps-. No es un problema contravencional, el tema no es la prostitución: lo que más nos preocupa es la red de trata, y sobre todo los menores".
La periodista del matutino nacional Clarín se contactó con el subcomisario Filomeno Martínez, de Prensa de la Policía Federal, quien rechazó dar explicaciones, algo que coincide con el ex juez federal hoy funcionario porteño.
