La recolección de la basura que tiran los porteños es uno de los servicios públicos que más dinero mueve anualmente. El macrismo ya presentó en la Legislatura el proyecto para realizar el llamado de licitación, y este fue cuestionado desde el arco político opositor y desde ONG’s como, entre otras, Greenpeace.
La iniciativa oficial propone, entre otras cuestiones, la eliminación de los contenedores de las calles de la Ciudad, y el traspaso de un sistema de pago por área limpia a uno por pago por tonelada.
La crítica principal hecha por la oposición es que, con estas disposiciones, no se cumpliría con una normativa que fue aprobada por la Legislatura: la Ley Basura Cero.
Con relación a este panorama, el ex secretario de Medio Ambiente porteño, Marcelo Vensentini, y el ex titular de Obras Públicas de la Ciudad, Abel Fatala, presentaron una medida cautelar en la Justicia porteña, en el marco de la acción de amparo iniciada en el mes de Julio en referencia "a los reiterados y nocivos incumplimientos de la Ley de Basura Cero".
Esta nueva instancia judicial por parte de dos ex funcionarios ibarristas fue realizada previo a la feria judicial de agosto en el juzgado Nº 6 de la Capital, a cargo de la Jueza Patricia López Vergara. En el texto de la presentación, al que tuvo acceso esta agencia, se señala:
"Los funcionarios del Poder Ejecutivo no sólo han reconocido el incumplimiento intencional, por lo menos, de la Ley Basura Cero (Nº 1.854), de la Ley de Impacto Ambiental (Nº 123), y de los Decretos de readecuación del contrato de higiene urbana, sino que además expresaron que están direccionando deshechos áridos, escombros y poda hacia sectores de la Costanera Norte".
Además, se agrega: "Esto implica el reconocimiento liso y llano de que con el objetivo de ‘esconder la basura bajo la alfombra’ y de paso ahorrarse unos pesitos, están generando un basural a cielo abierto sobre el Río de la Plata". "Es sabido que los escombros de demolición encierran todo tipo de sustancias, algunas de ellas, con posibilidad de toxicidad, como el pulido de mosaicos (y en todo escombro hay mosaicos) que se realiza con plomo sustancia altamente contaminante. Es por esto que en su momento se dispuso la remisión de todos los escombros a la CEAMSE, en donde si bien son remitidos a rellenes sanitarios, son tratados en forma ambientalmente adecuada", añaden Vensentini, presidente de la Fundación Ambiente y Sociedad, y Fatala, presidente de Red por Buenos Aires.
En este sentido, aseguran que "la modificación de la costa se presume como de Alto Impacto Ambiental, por lo que se debe realizar un Estudio de Impacto Ambiental y obtener el certificado correspondiente. Pues bien, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público no lo ha hecho".
LA DEFENSA DEL PRO
En diálogo con NOTICIAS URBANAS, el presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura, el macrista Cristian Ritondo, defendió las políticas adoptadas por el Ejecutivo de la Ciudad.
"Lo que se busca con los cambios que se están haciendo es una ciudad más limpia para todos. Nosotros estamos de acuerdo con el pago por tonelada y, además, el sistema de contenedores diferenciados está fracasando", sentenció.
El próximo lunes, a las 11, el vicepresidente de la Legislatura Diego Santilli, recibirá a organizaciones como Greenpeace para escuchar sus reclamos. Además, el martes la comisión de Obras Publicas se reunirá, a las 15, junto con el ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo, en el Salón Montevideo. Entre otros puntos, se tratará la Concesión del Servicio Público de Higiene Urbana.
"La Ciudad va a invertir 40 millones en el tema de la basura, además se firmó un convenio con el Gobernador Scioli con un plazo de 20 años para crear nuevos lugares para enterrar la basura. La legislatura le da estructuración", finalizó Ritondo.
EL PEDIDO DE LOS K
La legisladora K, y ex ministra de Derechos Humanos de la Ciudad durante la gestión de Jorge Telerman, Gabriela Cerruti, presentó este viernes un proyecto en donde pide la realización de una Audiencia Pública a fin de discutir los términos del pliego de la licitación de la recolección de basura.
"De acuerdo a diversas informaciones periodísticas, en el
transcurso de los primeros meses de gestión del actual Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la participación de la sociedad civil (en la discusión de las políticas ambientales) pareciera haberse reducido", señala en las fundamentaciones del proyecto.
En la iniciativa, la legisladora recuerda que el "Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha presentado un proyecto de ley (Proyecto 1791-J-2008) para que esta Legislatura ‘autorice al Poder Ejecutivo a otorgar concesión del Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un plazo de diez (10) años prorrogable por hasta doce (12) meses’".
Y completa: "Conforme lo establece la Ley 992 (BOCBA N° 1619), el servicio de higiene urbana es un servicio público y tal como lo señala la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 104, inciso 23, "toda concesión o permiso por un plazo mayor de cinco años debe tener el acuerdo de la
legislatura".
Cerruti utiliza para argumentar su pedido un informe realizado por la Fundación Poder Ciudadano, donde solicita a la Legislatura que arbitre los mecanismos para garantizar un debate abierto y participativo del proyecto de contrato de recolección de residuos sólidos urbanos a través de la realización de una Audiencia Pública.
"Teniendo en consideración los términos de la Ley de
Basura Cero y dada la relevancia que tiene para la Ciudad de Buenos Aires el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos tanto por su impacto ambiental como por su impacto cotidiano en la vida los habitantes de la Ciudad, resulta de suma relevancia garantizar una participación amplia en este proceso de toma de decisión de una cuestión clave", afirma la diputada K.
En caso de ser aprobada este proyecto, la Audiencia Pública se realizaría en un lapso de 30 días, y sería convocada por la presidenta de la Legislatura, Gabriela Cerruti.
