Tras el cruce de acusaciones y amenazas de juicio político que se establecieron entre el juez en lo contencioso administrativo y tributario, Andrés Roberto Gallardo, y el Gobierno de la Ciudad, la Asesoría General Tutelar explicó a través de un comunicado de prensa las acciones que desencadenaron en la situación actual y cual es su postura al respecto.
Cabe recordar que en el día de ayer, el magistrado se personó a la Legislatura para exponer su denuncia y pedir la destitución del procurador Pablo Tonelli. Horas después, el mismo Tonelli, junto con el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, adelantó que se podría llegar a la instancia de un juicio político contra el juez.
A continuación reproducimos el documento, firmado por la asesora General Tutelar, Laura Musa, en el que se condena la actitud oficial.
La situación actual que protagoniza el juez Andrés Gallardo y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, torna imperioso el pronunciamiento de la Asesoría General Tutelar.
En el conocido caso "El Cartón" se dictaron numerosas medidas cautelares a efectos de garantizar los derechos de rango constitucional, en particular, el derecho a la vivienda adecuada, a la protección de salud, a la dignidad y a la vida de las personas que habitaban en ex Asentamiento AU 7.
Las medidas dictadas fueron reiteradamente incumplidas por el Gobierno de la Ciudad. Por esta razón, solicitamos, reiteradas veces, la utilización de diversos recursos jurídicos para que no se sigan violentando los derechos de las personas afectadas. En este sentido, apoyamos la petición de la realización de una audiencia para que Gobierno explique las razones del incumplimiento de las medidas destinadas a garantizar el derecho a la salud, en particular a raíz de la muerte de un niño de cuatro meses.
En virtud de que en la audiencia el GCBA no brindó ningún tipo de explicación, nos vimos obligados a solicitar la aplicación de medidas procesales para lograr que el GCBA cumpla con su obligación de informar sus acciones, conforme las órdenes judiciales.
Por un lado, pedimos que se extraigan los correspondientes testimonios por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia; por el otro, y frente absoluta desidia de la administración, se requirió el allanamiento para obtener la información necesaria para avanzar en la protección de los derechos de los niños que represento.
La recepción positiva de estas medidas parece haber causado desmedidas repercusiones que, sin duda, exceden el marco del proceso judicial. En este sentido, el Gobierno habría iniciado una acción de daños y perjuicios contra el juez interviniente en el caso de "Villa el Cartón", en virtud de su actuación en otro expediente, y a partir de allí, dio inicio a una ola de recusaciones con la intención de excluir al magistrado, injustamente, de su debida actuación.
Este tipo de accionar por parte del Gobierno es una inidónea intención por apartar indebidamente al poder judicial de su marco de actuación. La herramienta elegida por el GCBA en este caso ha sido errónea. Si el GCBA, como cualquier demandado, no comparte la actuación del juez interviniente debe discutirla en el caso judicial, con las herramientas específicas a su alcance. Si el GCBA pone en tela de juicio la debida actuación del magistrado, el canal institucional no puede realizarse al margen de la ley y del principio republicano de la división de poderes.
La recusación general al juez en todas las causas judiciales tiene los mismos efectos que el apartamiento del juez por juicio político y desnaturaliza los propios fines de esta herramienta. Si se permite este tipo de actuación por parte del Gobierno, los jueces actuarían bajo presión de ser "recusados" en todas sus actuaciones cuando las sentencias que dictan no son acordes a los intereses del Gobierno de turno, lo que implica una clara vulneración a la independencia del Poder Judicial y la debida institucionalidad democrática.
A todo ello, se suma una gravísima situación, quizás la peor consecuencia, también provocada por el artilugio del GCBA: "la inevitable demora en todas las actuaciones judiciales, que sin duda podría redundar en desmedro de los derechos de las personas afectadas". Ésta parece haber sido una variable absolutamente obviada por el GCBA, omitiendo una vez más su obligación de resguardar el acceso a los derechos de las personas más vulnerables.
