Y dijo Gallardo: "Lo peor que le puede pasar al sistema es que se aplique su propia letra. Hoy no necesitamos a Lenin para hacer una revolución, sino a la propia Constitución".
El juzgado 2 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en el que entiende Roberto Andrés Gallardo, aún espera que la Cámara en lo Contencioso Administrativo se expida. Mientras tanto, y paradójicamente, recibe por el Sistema de Compensación nuevos expedientes que cubren el "espacio vacante" que dejan las causas recusadas. Es decir: por un lado lo recusan, pero en otro extremo hay un sistema que sigue su curso y "advierte" que el juzgado está vacío. ¿Se entiende?
Vaya paradoja, visto que esos nuevos amparos, revisten la misma "naturaleza conflictiva" que los que fueran objetados.
Dicen en el juzgado, con un dejo nostalgico, que la ex procuradora Alejandra Tadei, durante el gobierno de Ibarra (quien impulsó un pedido de juicio político a Gallardo) tenía como límite ético la apelación a fallos que tuvieran que ver con temas de salud o vivienda.
Y otro interrogante profundo ?de orden jurídico y de orden social- desatado tras la lluvia de recusaciones que se hacen en el juzgado es: ¿qué pasa con las partes de los expedientes? ¿Les sacaron, virtualmente, la garantía del juez natural? Pero dicha situación parece no estar prevista procedimentalmente.
El ataque al juzgado es percibido como un ataque a todo el fuero que debe controlar los actos de gobierno. Hecho que, incluso, mereció el enérgico rechazo del sindicato (UEJN), liderado por Julio Piumato. Cecilia González, representante gremial en el juzgado, afirmó a Noticias Urbanas que el sindicato está elaborando un foro de defensa del fuero, el que será abierto en su convocatoria a sectores políticos y sociales.
Las "culpas" del juez
"Vengo a decirles a los legisladores que el juez designado hace diez años, sin un proceso constitucional de remoción, comienza a ser un juez virtual", con esas palabras hizo su presentación el juez Gallardo. Tal como afirma el documento presentado esta semana por la asesora General Tutelar de la Ciudad, Laura Musa, y en defensa del juez, la "culpa" de Gallardo tiene que ver con que desde su juzgado "se dictaron numerosas medidas cautelares a efectos de garantizar los derechos de rango constitucional, en particular, el derecho a la vivienda adecuada, a la protección de salud, a la dignidad y a la vida de las personas que habitaban en ex Asentamiento AU 7".
A esta altura de los acontecimientos "el juez Gallardo" parece ser la marca registrada de una práctica jurídica que le muerde los talones al Eejecutivo y, esto hay que decirlo, en los últimos años ha sido a todo Ejecutivo: ni Ibarra ni Telerman gozaron de tregua ante este juez.
En efecto, desde la muerte del bebé de 4 meses, ocurrida el 14 de febrero, hasta hoy, sumado a la movilización que los vecinos efectuaron hasta el Ministerio de Salud porteño, el martes 2 de septiembre, se ha logrado que en el asentamiento de parque Roca se hagan presentes todos los días dos médicos y una ambulancia, y se reabra el centro de salud, más allá de su déficit de remedios e instrumentos de atención. (Los pocos remedios que hay fueron donados por miembros del proyecto de viviendas de Madres de Plaza de Mayo.)
Consultada por Noticias Urbanas, la referente del comedor La Misión y abuela del bebé fallecido, Mabel Quiroga, afirmó que "lo que nosotros queremos es que atiendan durante el día, pero no que una ambulancia pase la noche entera en el barrio. Porque esa ambulancia puede faltar en otro lado. El tema es tener un teléfono adonde llamar y que venga rápido". Pequeña lección de solidaridad.
Lo jurídico, lo político, lo social
El lunes último, Gallardo se presentó en el salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña, y los legisladores de la oposición comunal de distinto signo (Gabriela Alegre, Juan Cabandié, Gonzalo Ruanova, Diana Maffía, Martín Hourest, entre otros) se diluían en el público activo que acompañaba la presentación. El juez ubicó a su lado a Mario Kestelboim, defensor General de la Ciudad, sentando no sólo a un referente judicial del Frente para la Victoria, sino delimitando el campo donde librará su batalla: el campo jurídico. Y así, en estos mismos términos, lo expresó, cuando dijo elegir el argumento jurídico para ofrecer su estrategia y exposición, aún cuando lo hiciese en un ámbito notablemente político.
Al legislador Santilli se lo vio, incluso, ingresar a la sala con cara de sorprendido. Con cara de: por qué en un lugar como éste se hace una cosa así.
Lo cierto es que la respuesta del otro lado no se hizo esperar. Si el juez amplió la cancha centrando sus argumentos en lo jurídico, pero convocando a actores políticos y sociales como soporte, fueron los macristas, en la voz del ministro Montenegro y del procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli, quienes amenazaron con el juicio político. El ministro Montenegro manifestó: "No es novedosa la actitud de Gallardo. Entiendo que todavía no confirmó su vocación. No sé cómo hizo una conferencia de prensa con un objetivo político… Él es el que lleva la discusión a otro terreno." Nadie del entorno del procurador quiso hablar esta vez con Noticias Urbanas.
Consultado el juzgado en relación a esta "amenaza", afirmaron que no hay nada oficial que indique que hayan avanzado en relación a un juicio político contra Gallardo. No obstante, los días pasan en espera del fallo de la Cámara, los expedientes recusados vuelven a sortearse, y al juzgado número 2, nuevos amparos comienzan a llegarle. De ese moebius, de ese juego de poder, de esa amenaza del Ejecutivo al Poder Judicial, dependen miles de personas que exigen que sus derechos (constitucionales) sean respetados.
