La resolución del Ejecutivo porteño de desvincular de la administración comunal a todos aquellos empleados mayores de 60 años con contratos de empleo público comprendidos por el decreto 948 y 959, fuentes gubernamentales aclararon que las personas afectadas por la decisión "no son miles, sino 500".
"Sólo se han detectado hasta el momento 500 empleados con contratos de empleado público en edad de jubilarse. Dentro de esos 500, hay 100 casos en los que los empleados estaban cobrando también su jubilación y eso está prohibido por ley", resaltaron desde el Gobierno porteño.
Y agregaron: "Este tipo de contratos se puede rescindir en cualquier momento, y la Ciudad hará uso de ese derecho. Habrá casos en los que los trabajadores cumplen con todos los requisitos para jubilarse y otros en los que sólo tienen la edad para hacerlo, pero como no pertenecen a la planta permanente, no le corresponde a la Ciudad analizar y resolver los casos puntuales".
Si bien la medida despertó fuertes criticas, desde la administración comunal subrayaron que "el Gobierno la Ciudad sólo está haciendo cumplir la ley. Se trata de personas que están cobrando dineros públicos cuando ya no deberían hacerlo. Su permanencia genera capas geológicas que impiden la renovación del personal".
