La creación de un registro de personas jurídicas en la Ciudad ha sido una propuesta respaldada por diversos sectores del Estado porteño. Sin embargo desde el oficialismo nacional, más precisamente de la Inspección General de Justicia de la Nación, la oposición a dicho proyecto ha sido fuerte. Más allá de las manifestaciones realizadas ante el Palacio Municipal meses atrás, por trabajadores de la IGJ en rechazo al proyecto macrista, la Legislatura de la Ciudad podría aprobar en la sesión ordinaria de este jueves por la tarde, un proyecto que establece la creación del Registro Público de Comercio y controlador de Personas Jurídicas.
De acuerdo a los fundamentos de la propuesta, con la puesta en funciones de dicho registro se evitaría "la superposición de órganos y trámites para el cumplimento de la tarea de control de legalidad de los actos de constitución, reformas, variaciones de capital, etc. de las sociedades comerciales, así como de las demás funciones registrales referidas a los comerciantes individuales y auxiliares de comercio, sus actos y documentos y las entidades de bien público". Las únicas sociedades en las que no tendría competencia el órgano porteño serían aquellas sujetas al control de la Comisión Nacional de Valores.
Según informaron fuentes parlamentarias a NOTICIAS URBANAS, "los votos para la aprobación del proyecto están" y serían "los diputados del bloque PRO y algunos legisladores de la Coalición Cívica" los responsables de dar nacimiento al Registro. "Hay diputados de la oposición que también están de acuerdo con el proyecto ya que también son defensores de la autonomía plena, pero cuestionan la superposición de competencias con la IGJ nacional y la posibilidad real de implementación de dicho proyecto sin vaciar el órgano de Nación", dijeron. El nombre de Jorge Vanossi suena fuerte para ser el responsable de encabezar el registro.
"Vanossi fue ministro de Justicia de (Eduardo) Duhalde, y cuando fue diputado nacional por la Capital presentó un proyecto para la desaparición de la IGJ. No habló de traspaso, habló de desaparición, y ahora quiere crear otra institución con idénticas funciones en la Ciudad. La IGJ quedaría como una cáscara vacía", dijo el secretario de acción política de ATE Ministerio de Justicia, Eduardo Rauch.
La propuesta oficialista cuenta con despacho de mayoría de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, y tres de minoría: dos que proponen el archivo del expediente y otro la vuelta a comisión.
También se tratará en el recinto una iniciativa del diputado Gerardo Ingaramo para regular los servicios públicos domiciliaros y que propone, entre otras cosas, que ante las infracciones a la legislación sobre defensa del consumidor por parte de las empresas prestadoras, la autoridad inicie acciones administrativas de oficio o por denuncia en defensa del interés general de los consumidores y usuarios.
Otro proyecto que podría convertirse en ley es la modificación al Código de Tránsito y Transporte en lo que respecta al requisito de saber leer y escribir en español para la obtención de la licencia de conducir por parte de extranjeros residentes. La propuesta impulsada por Ingaramo, Daniel Amoroso, Oscar Moscariello, Marcelo Meis y Roberto Destéfano, sostiene que "existe una incongruencia entre el tratamiento que se da por un lado a los turistas, y en general a los no hispanoparlantes poseedores de licencia internacional o de países signatarios (del Cono Sur o adherido a la Convención sobre Circulación por Carretera), y por otro a los extranjeros residentes no hispanoparlantes que desean obtener licencia por primera vez", a los que se le exige el requisito de saber leer y escribir en español. Con la modificación impulsada se busca remediar esa situación de desigualdad, tomando como referencia otros países que cuentan con una importante inmigración como Estados Unidos, Canadá (Ontario), España, Italia y Suecia.
Tras su aprobación en primera lectura y el paso por Audiencia Pública en mayo pasado, el Cuerpo podría en segunda lectura catalogar con Nivel de Protección Estructural al edificio del Colegio La Salle. Según informó la Dirección General de Prensa de la Legislatura, también se otorgaría un permiso para utilizar a título precario y gratuito por 20 años, el predio ubicado en la calle Ruiz Huidobro 4228/38 a la Escuela de Percusión La Chilinga.
