Una resolución de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que firmó el ex juez Federico Young, permite la venta de alcohol en las fiestas de egresados en boliches y sin ningún tipo de control, más que la responsabilidad de cinco padres de los estudiantes secundarios.
La medida del Gobierno de Mauricio Macri es cuestionada por el fiscal porteño, Gustavo Daniel Moreno, que protege los derechos de los menores de edad.
"Lo que no entienden la gestión de Macri es que en la fiestas de egresados con la venta de alcohol no hay control y además allí concurren menores a partir de los doce años. Por eso este Ministerio Público Tutelar dice que la resolución 0414 es inviable e impracticable por eso pido que se deje sin efecto", declaró a NOTICIAS URBANAS el asesor tutelar de Menores e Incapaces, quien hace un año e interpuso contra la autorización de un juez porteño de permitir la venta de alcohol en el boliche "Seven".
El Gobierno PRO a casi un año de la polémica de un juez y un boliche con el asesor tutelar, que terminó con la vigencia de la prohibición total, opta por volver a resurgir la venta de alcohol en los boliches clase C en fiestas mayoritariamente para menores.
La resolución Nº 0414 de la Agencia de Gubernamental de Control (AGC) lleva la fecha del 15 de septiembre y modifica una resolución que prohíbe la venta de alcohol en boliches clase C. La resolución totalmente prohibicionista, remplazada por el ex juez hoy funcionario porteño, fue dictada por la Subsecretaría de Control Comunal en el 2006 y lleva el Nº 90, puntualmente en su artículo 2.
Para Young "queda prohibida la venta, consumo y/o suministro de bebidas alcohólicas a las personas menores de edad durante todo el desarrollo del evento dentro del local, salvo en el sector que especialmente se disponga dentro del predio, al que solo podrán ingresar, adquirir y/o consumir bebidas alcohólicas las personas mayores de edad".
Esta excepción del Gobierno PRO genera la polémica con el defensor de los menores ya que la resolución Nº 90 "la cual ha sido modificada en su artículo 2, se dictó oportunamente con la clara intención de reglamentar la organización y desarrollo de las fiestas de egresados, evitando con la prohibición de venta de alcohol, la posible producción de desmanes o inconvenientes que pongan en riesgo la seguridad e integridad física de los concurrentes a las mismas".
Las críticas del funcionario judicial a la resolución de Federico Young es que deja al arbitrio del empresario del boliche u organizador del evento decidir la superficie del sector, la manera de acceder al mismo, su capacidad, el lugar y modo de venta como suministro de las bebidas alcohólicas y el control para permitir el ingreso a los mayores de edad y evitar el ingreso de los menores.
La historia reciente de la Ciudad, y que en estos momentos se juzga en un juicio oral y público en la sala de audiencia de la Corte Suprema de Justicia, enseña que el libre albedrío de los responsables comerciales choca con el resguardo de las vidas.
Tampoco el Gobierno regula la presencia o no de personal de seguridad en dicho "sector" para la venta de alcohol, algo que para Gustavo Moreno "es más que importante y preocupante, y que queda en evidente contradicción jurídica al modificarse el artículo 2 de la resolución Nº 90 con el artículo 126 del Código Civil y el artículo 60 del Código Contravencional que prohíben el suministro o consumo de alcohol en los locales por parte de menores de 18 años, algo que resulta ser que a las mismas podrán concurrir adolescentes de los distintos niveles del secundario, que van desde los 12 a 16 años de edad".
Tampoco establece el titular de la Agencia Gubernamental de Control si los boliches antes de destinar el "sector" para la venta, suministro y consumo de alcohol para los mayores de edad, deberá ser inspeccionado para ser habilitado a tal fin, ni los controles que recibirá.
En conclusión el asesor Tutelar consideró "que es ilusorio creer que cinco padres controlen la venta y consumo de alcohol en un local bailable con capacidad superior a las mil personas".
Hasta este viernes al mediodía el Gobierno macrista no dio respuestas al cuestionamiento judicial. El plazo para que de marcha atrás con su resolución vence el martes próximo. De no existir modificación alguna deberán enfrentarse a una demanda judicial.
