Sabido es que cada vez que se produce un recambio en la composición legislativa se registran cimbronazos en los cargos que dependen directamente de los ánimos legislativos, como pueden ser las designaciones pendientes del Consejo de la Magistratura, o las designaciones inmediatas en la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, secretarías y presidencias legislativas, SBASE, directorio Banco Ciudad, y otras dependencias como COPUA y Consejo de los niños, niñas y adolescentes.
Tan endebles son los acuerdos legislativos previos al recambio que una votación puede eyectar todo. Y así lo demuestra lo sucedido en el bloque de la Coalición Cívica en la última sesión legislativa en la que se esperaba acompañe al PRO con sus 6 votos de apoyo a la Ley de Fibra Óptica, pero no lo hizo. Apenas 3 de sus legisladores (Juan Pablo Arenaza, Adriana Montes y Sergio Abrevaya) acompañaron al bloque oficialista, mientras que su jefe Fernando Sánchez se abstuvo, la legisladora Rocío Sánchez Andía se opuso, y Diana Maffía, se ausentó.
Esa decisión parlamentaria le valió al bloque que responde a Lilita Carrió bajar un lugar en todas las designaciones por las que competía (Consejo de la Magistratura, Auditoría, Consejo Económico y Social, Consejo de la niñez) y afirmar aún más el acuerdo entre el grupo de bloques que responde al Gobierno Nacional y el PRO. Acuerdo que tiene como prioridad, además de crecer en designaciones, que Proyecto Sur no sume más lugares de los que ya tiene.
En el caso principal de la Auditoría porteña, respetando la correlación de fuerzas que actualmente trabajan en la Legislatura, el PRO podría retener 3 espacios para sus auditores; Proyecto Sur ganar 2; Coalición Cívica quedarse con 1; y los K, también con 1. Sin embargo, la última elección y las últimas decisiones parlamentarias parecen estar dando un vuelco a esta tendencia en el organismo de control y los nombramientos se trasladarían a la nueva composición legislativa, buscando beneficiar al kirchnerismo.
Si eso sucede, los bloques que responden al Gobierno Nacional unidos obtendrían 3 espacios en la Auditoría ?y renovarían la presidencia-, desplazando a la CC de la competencia, y sacándole un lugar a Proyecto Sur que todavía deberá superar una discusión interna de su bloque para decidir el representante. El PRO, por su parte, seguiría con sus 3 espacios (Santiago de Estrada, Alejandro Fernández ?que renuevan-, y quien hasta hoy suena para reemplazar a Juan Carlos Toso, el michettista que se quedó afuera de la pelea por el Consejo de la Magistratura, Martín Borrelli).
Hasta hoy, aunque se decida en 6 meses, los nombres que suenan por el kirchnerismo son varios y la única firme es Sandra Bergenfeld, quien renovaría en su cargo de presidenta, pero teniendo además en cuenta la conformación del interbloque K, reaparecen los nombres de los ibarristas Laura Morresi (quien también compite en el Consejo de la Magistratura) y Eduardo Epszteyn (quien también compite por un lugar en el Banco Ciudad); más algún representante de Nuevo Encuentro (Gonzalo Ruanova) o del espacio de La Cámpora que conduce Juan Cabandié.
Un dato no menor a tener en cuenta a la hora de las designaciones para integrar el cuerpo colegiado de la Auditoría es que los candidatos deben contar con un título de grado como requisito indispensable. Esta situación se suma a las complicaciones que los acuerdos legislativos implican, ya que varios de los nombres que sonaban como opciones se vieron frustrados por no contar con título universitario (en este punto la juventud de La Cámpora le juega en contra). Y a esto se suma la ley de cupo, la cual también debe ser respetada en la conformación del colegio de auditores.
De los 7 cargos, al menos dos deben ser mujeres. De acuerdo a los trascendidos, por el momento sólo Sandra Bergenfeld figura como representante del género, por lo que los PRO, los K y Proyecto Sur también deberán acordar quién propondrá otra candidata para cubrir el cupo femenino.
