Mientras toda la atención en la Legislatura estaba en la reunión de Prespupuesto 2012, en otro salón, la ex legisladora Vilma Ripoll encabezó una conferencia de prensa para exigir su sobreseimiento, luego de quedar procesada por su participación en cortes de la avenida Panamericana junto a los trabajadores de la fábrica Kraft-Terrabusi quienes tomaron esa medida por masivos despidos en la planta de alimentos en el 2009. La determinación judicial estuvo a cargo del juez Federal Mariano Larrea, quien, además, la embargó por 120 mil pesos.
Acompañaron a Ripoll el líder de Proyecto Sur, Fernando ?Pino? Solanas, el legislador Marcelo Parrilli, y varios dirigentes de partidos de izquierda, como Christian Castillo, del PTS, y Néstor Pitrola, del Partido Obrero, entre otros. Allí, denunció una ?persecución política? por parte del Gobierno nacional.
Además, informó sobre la presentación de un recurso de amparo, donde, entre otros conceptos, se sostiene: ?(?) la conducta desplegada la Sra. Ripoll no se encuentra alcanzada por reproche penal alguno, al solidarizarse con un reclamo amparado por el ejercicio del derecho Constitucional de huelga?.
Por otro lado, también cuestionó el monto del embargo. ?Se considera sumamente elevado y totalmente desproporcionado el monto?, se señala en la presentación judicial y, en el último punto del petitorio, sostiene que de ?no hacerse lugar a la nulidad del embargo dispuesto se disminuya el mismo, conforme lo solicitado a la suma de 10 mil pesos?.
De la conferencia también participaron Alejandro Bodart, Rubén "Pollo" Sobrero, Nora Cortiñas, Carlos Chile (CTA Capital), delegados de Kraft, el subte, el INDEC y otros sectores. También asistieron Héctor Bidonde, Félix Herrero, los diputados Jorge Cardelli, Jorge Selser, Fabio Basteiro y Laura García Tuñón, y enviaron su solidaridad Pablo Micheli (CTA Nacional), Patricia Walsh, Julio Raffo y los diputados Fernanda Gil Lozano, Tata Quiroz y Juan Carlos Morán (Coalición Cívica).
Sobre la causa, Ripoll afirmó: ?Como la crisis internacional ya afecta al país, el gobierno le da luz verde a la justicia para criminalizar más duramente a los reclamos populares, al nuevo sindicalismo y a los dirigentes políticos que los apoyamos."
Alejandro Bodart, diputado electo y secretario general del MST en Proyecto Sur, coordinó la rueda de prensa y anunció: "Vamos a hacer una defensa judicial conjunta y una campaña unitaria por el desprocesamiento de Vilma y de los 5.000 luchadores procesados.? Luego, el diputado y abogado Marcelo Parrilli explicó la causa y la apelación presentada ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo del juez Mariano Larrea.
A su vez, Pino Solanas señaló: "El procesamiento de Vilma es una medida intimidatoria de cara al acrecentamiento del conflicto social. Las empresas precarizan, pero el gran responsable es el gobierno y si impulsa la criminalización va a tirar nafta al fuego."
