Ante un auditorio escaso de legisladores y público, los representantes del Ministerio Público Fiscal y del Tribunal Superior de Justicia comenzaron con sus alocuciones y las explicaciones correspondientes sobre el presupuesto destinado para el año próximo, que será de 449.942.203 (fiscalías, defensorías y asesorías tutelares) y 60.469.186 millones de pesos para el TSJ, respectivamente.
En una exposición que organizó con la proyección de dispositivas, el fiscal general de la Ciudad, Germán Garavano, se refirió al recorte que el Ejecutivo hizo al Poder Judicial de la Ciudad por más de 300 millones de pesos.
El funcionario prosiguió con su relato destacando que en la partida de presupuesto diseñada por el Ministerio de Hacienda ?no se contempla el crecimiento de la estructura judicial de acuerdo a la Ley 7?.
Respecto al balance en lo que va de 2011, señaló que se ejecutó el ?94 por ciento de la partida?. Además, hizo referencia a los logros alcanzados en materia de delitos y aseguró que ?hubo una disminución en la tasa?.
Calificando la gestión de ?eficiente y transparente?, Garavano explicó que el objetivo del Ministerio es ?proveer servicios de calidad a los vecinos?. En sintonía, hizo referencia a la actividad de las fiscalías y evocó los números de casos que recaen en cada una de ellas.
Al momento de las preguntas, el legislador Gonzalo Ruanova fue el primero en hacer uso de la palabra preguntando en primer lugar sobre el informe de conflictividad respecto a la resolución de delitos en terreno local y la intervención de la Policía Federal y la Policía Metropolitana. Garavano, precisamente, respondió que ?es una realidad bastante compleja?. ?Pretender que los delitos transferidos los haga la fuerza policial local es una locura?, precisó.
El legislador de Nuevo Encuentro avanzó con interrogatorios sobre el archivo de causas que, según precisó, ascendió al ?95 por ciento?. Asimismo, preguntó obre la descentralización de la fiscalía de la zona sur y de la cantidad de ingresos por concursos.
El representante del PRO, Martín Borrelli preguntó, entre otros puntos, sobre las oficinas de asistencia a lo que Garavano explicó que hay 12 abiertas en las 15 Comunas, lo que no quiere decir que haya una por distrito. Para el 2012, y mediante un acuerdo con el Banco Ciudad la idea sería avanzar en un edificio del barrio de Liniers y Flores.
Al momento de tomar la palabra, el defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, afirmó que ya se entregó el Informe de gestión que abarca desde marzo 2009 hasta el mismo mes de 2011, y explicó las actividades desarrolladas por su área. Kestelboim dijo que su dependencia interviene en los conflictos más importantes y puso énfasis en las cifras de intervención, destacando que el "82% de los casos tuvieron defensa oficial, limitando al 18% la intervención particular".
El Defensor General también destacó la labor de la Oficina de Asistencia a personas privadas de la libertad, que funciona todo el año las 24 horas, a pesar de las dificultades que tienen muchas veces los defensores para comunicarse con los detenidos.
Luego quedó sujeto a las preguntas de los legisladores. En un debate por cifras con los legisladores del PRO, Martín Ocampo y Martín Borrelli, esta parte de la reunión llegó a su fin.
En tercer lugar intervino el Ministerio Público Tutelar a través de Laura Musa, quien explicó que su dependencia cumple un rol muy asistencial. "Hemos intentado constituirnos en una agencia técnica y judicial, ya hemos presentado el informe anual con la extensión de todas las actividades que realizamos", dijo.
Posteriormente agregó que "la oficina atiende la demanda espontánea de la gente pero no sustituye ningún organismo del Poder Ejecutivo. Tenemos que atender a las víctimas menores de edad, por eso hemos tenido una presencia muy intensa en la Comisión de Infancia, Mujer y Familia", expresó Musa, quien también destacó la creación de "una base de datos sobre los niños internados en la Ciudad de Buenos Aires y en qué lugares se encuentran".
Por último, expuso Rubén Torres, director general administrativo del TSJ, quien si bien manifestó el acuerdo por la partida solicitada por el Poder Ejecutivo, señaló que la implementación de la firma digital requeriría de una asignación suplementaria. El diputado Abrevaya consultó sobre el programa electoral y el funcionario judicial concluyó pidiendo a los legisladores la cobertura de la vocalía vacante en el máximo organismo del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
