Un grupo de legisladores porteños cuestionaron este lunes la decisión de la directora de Salud Mental, María Concepción Grosso, de sumariar a los empleados que atiendan requerimientos de la Asesoría General Tutelar. La orden repudiada fue plasmada por la funcionaria en el memorando ME-2011-01927071 del 28 de octubre pasado, dirigido a los establecimientos de salud pública del área a su cargo, tal como lo adelantó Noticias Urbanas.
"Este tipo de medidas, dispuestas por la directora general de Salud Mental claramente exceden las facultades propias del ejercicio de la función pública, interfiriendo incluso en el quehacer de otros poderes del Estado", dijo la legisladora María Elena Naddeo, autora del texto de repudio. Y agregó: "Entre las competencias específicas de la Asesoría General Tutelar, se encuentra la protección de derechos de las personas con padecimientos mentales, con la cual este memorando obstaculiza el ejercicio del campo de acción del Ministerio Público de la Ciudad, integrante del Poder Judicial".
El pronunciamiento fue acompañado por Gabriela Alegre y María José Lubertino (Frente para la Victoria), Laura García Tuñón (Proyecto Sur), Aníbal Ibarra, Mateo Romeo, Jorge Selser y Fernando Sánchez. El proyecto solicita "que las autoridades competentes del Poder Ejecutivo dejen sin efecto la medida, atento a los términos y alcances de la Ley de Salud Mental de la Ciudad y del ordenamiento jurídico vigente?.
Consultada por esta agencia, Grosso reconoció que la polémica nota ?fue enviada por Legal y Técnica del ministerio?. El titular de la mencionada área es Enrique Héctor Rodríguez Chiantore.
