Una de las medidas más polémicas de la gestión PRO en el cierre del 2011 fue la determinación de vetar una ley aprobada por la Legislatura porteña para prorrogar por seis años del plazo para que el Ejecutivo cumpla con la Ley 1529, que agrupa empresas recuperadas de la Ciudad que fueron declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación de acuerdo a la Ley 238.
Es por ello que trabajadores de empresas recuperadas de la ciudad realizaron hoy un brindis "a pan y agua" en las puertas de la Jefatura de Gobierno porteño, para repudiar el veto de Mauricio Macri. Del acto participaron el senador nacional kirchnerista Daniel Filmus y los legisladores porteños, Francisco "Tito" Nenna, Delia Bisutti, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo, miembros del interbloque Frente para la Victoria, quienes acompañaron a los trabajadores en su brindis frente a la sede del gobierno porteño, ubicada en Bolívar 1.
"Frente al avance macrista contra la educación, la salud, la vivienda y el trabajo, vamos a saludar al Jefe de Gobierno para que en el 2012 se acuerde de estos sectores", sostuvieron los trabajadores nucleados en UPEA, en una asamblea realizada en el auditorio de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
Asimismo, expresaron que "Macri otra vez demuestra su verdadera ideología, la de violentar los derechos elementales del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires". "El fin de año 2011 nos encuentra a todos los sectores afectados por sus políticas juntos para resistir y defender nuestros derechos", enfatizaron.
La ley vetada por Macri buscaba extender la protección de más de 20 empresas recuperadas que sobrevivieron a la década del `90 y la crisis del 2001 y que fueron salvadas por los propios trabajadores. La ley 4008, sancionada por la Legislatura el 17 de noviembre, contemplaba una prórroga hasta el 2017 de la protección a una veintena de empresas en las que se desempeñan en la actualidad más de 2000 personas. La medida protectiva había comenzado en 1999, cuando, también por ley, se las declaró como "unidades productivas de utilidad pública? y se obligó al Estado local a que interviniera en todos los juicios de quiebra para salvarlas del cierre tras el abandono de sus dueños.
