El miércoles 30 de abril se promulgó finalmente la ley nacional que estipula la trata de personas como un crimen punible, con penas de entre 3 y 6 años de prisión. El delito incluye la captación de personas, ya sea para la explotación sexual, las prácticas de esclavitud, los trabajos forzados y la extracción ilegal de órganos y tejidos. La ley afecta directamente a la Ciudad, ya que es uno de los centros urbanos donde más se ejercen estas prácticas.
Algunas características de la ley implican la diferenciación entre víctimas mayores y menores de 18 años, ya que las primeras deben demostrar con pruebas que haya habido coerción de su voluntad y que en el caso de las segundas las penas se elevan de 4 a 10 años. Con esta ley, comenzará también a funcionar el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas.
NOTICIAS URBANAS conversó con la diputada porteña Verónica Gómez (del Partido Socialista), quien impulsa en la Legislatura una ley que se centra en el rol del gobierno porteño en la ayuda de las víctimas. La legisladora comentó que la ley es un gran paso en el sentido de que finalmente se considera a la trata como un delito, adecuándose a la normativa internacional vigente. Sin embargo, consideró que la ley es muy escueta en cuanto a ofrecer a las víctimas una alternativa superadora de su estilo de vida que las lleve a denunciar a quiénes abusan de ellas.
En este sentido, Gómez resaltó la importancia de los gobiernos provinciales, los cuales se encuentran en una posición mucho más cercana a las víctimas, la cual les permite otorgarles esa "red de contención estatal". La importancia de esta residiría en impulsar a las víctimas a tomar la decisión de realizar la denuncia y el contar con la posibilidad de tener una vida diferente a la que conocen.
"Si el Estado no garantiza un nivel de contención a nivel social, jurídico y habitacional se hace muy difícil perseguir este delito", remató la legisladora, para quien el consentimiento en las situaciones de trata es una ilusión y que por ello la ley nacional podría haber hecho más avances en la cuestión. Igualmente aseguró que desde su espacio apoyan la ley en general, aunque ejerzan críticas en cuestiones particulares tales como la diferenciación entre mayores y menores de 18 años.
