Había una vez un edificio. Ese edificio estaba vacío, como muchos, y a medio construir. En pleno corazón del barrio de Almagro. Se fue llenando con el tiempo de familias. Las familias, hasta hoy, lo cuidaron, pagaron sus impuestos, y velaron para que no se convierta en refugio de dealers, ni en aguantadero de nadie. El edificio pertenece al gobierno porteño, y está junto al tren, como miles. Allí crecen niños que van a la escuela, junto a sus padres que trabajan; la mayoría se alimenta en un comedor comunitario. Como dice la ex diputada Baltroc, "están absolutamente integrados al barrio".
Pero hay un conflicto de fondo. Y ese conflicto, como muchos, precisa de la mediación del Estado. ¿Cuál es la raíz de ese conflicto? Que los vecinos que desde hace casi treinta años ocupan el edificio quieren hacer de él su casa. Amparados, por empezar, en el derecho constitucional a la vivienda digna.
A medida que se fueron organizando, motivaron la solidaridad directa ya no del barrio (que la tienen) sino del conjunto de los bloques políticos de la Legislatura, que votaron unánimemente a favor de un proyecto de ley (cuya autora original fue, precisamente, Beatriz Baltroc), en el que convertía a los socios de la cooperativa que formaron los vecinos en propietarios, luego de décadas de lucha. Digamos: ahí donde viven se construirán esas casas. Es decir, convertía a ese edificio "abandonado" en un espacio para la vivienda social.
El total de los bloques votó en julio pasado a favor del proyecto luego de dar todos los pasos institucionales, en una audiencia pública celebrada el 12 de marzo de 2008, donde NADIE se opuso al proyecto. Según narran los mismos vecinos, hay un compromiso ante ellos de parte de legisladores como Diego Kravetz, Diego Santilli, Oscar Moscariello, Eduardo Epzteyn, Juan Cabandié y otros. Esto es, casi la representación total del electorado. Kirchneristas, ibarristas, macristas y diputados de ese impronunciable ismo de la CC, votaron a favor del proyecto. El 100% del electorado. El diputado Cabandié, presidente de la comisión de Derechos Humanos, este viernes se hará presente en el edificio para hablar mano a mano con los protagonistas de esta triste odisea.
Bien, el ejecutivo porteño, o sea, Mauricio Macri, quien representa a una clara mayoría pero no al total, vetó esa ley votada por TODOS. Estamos frente a una virtual diferencia entre la mayoría absoluta y la mayoría oficial gobernante (también incluida en la absoluta). Aquí se podría plantear un problema para constitucionalistas. Pero sólo trataré de armar el pequeño rompecabezas de este drama urbano del que depende la vida de decenas de familias.
Nuevo Horizonte limitado
Estos vecinos vienen lidiando por la vivienda de manera formal desde el 2001, cuando decidieron formar una cooperativa (Nuevo Horizonte Ltda.). Se organizaron a partir de una causa adyacente, cuando fueron intimados por la empresa Aguas Argentinas a raíz de una deuda de 25 mil pesos. Miriam (vecina del edificio y presidenta de la cooperativa) relata: "imaginate en pleno 2001, todo el mundo vendió sus pertenencias para pagar la deuda. Aguas Argentinas nos daba 24 horas o cortaba el agua. En 24 horas logramos reunir la mitad. Y en otras 24, el total". Esta organización produjo efectos de entusiasmo en la comunidad: muchas madres terminaron sus estudios, algunas se recibieron de enfermeras, comenzaron a darse talleres en el comedor, etcétera. La cosa creció y se desarrolló.
La historia tiene un lugar: el edificio de la calle Gascón 123, que está al lado de las vías del tren Sarmiento. Tiene seis pisos. Es un edificio sin terminar, donde falta revoque en paredes, barandas en las escaleras, etcétera., y en la planta baja está el comedor La casita de Belén, con cocina, mesas y una biblioteca.
Miriam fue de las primeras en ocuparlo, ya que frente al edificio, en un negocio de mudanzas donde su marido trabajaba, se cruzó con el entonces "sereno", quien le ofreció que ocupen un espacio en el edificio. Miriam acababa de ser madre, y ése era un motivo fatal para los dueños de los hoteles: tener un bebé los hacía una familia indeseada para ocupar una pieza. Así fue como saltaron el cerco y plantaron bandera en Gascón.
Facundo Di Filippo, presidente de la comisión de vivienda de la Legislatura, conoce de cerca esta historia. "En la actualidad, en el inmueble de Gascón habitan 52 familias; 4 son socias de una cooperativa que inició trámites por la 341 y están al final de obra en la calle Pola 2048. También dentro de Gascón se encuentran viviendo 20 familias no asociadas a ninguna cooperativa. El resto, son 27 familias que pertenecen a Nuevo Horizonte." Estas familias fueron llegando lentamente, y ocupando las plantas, y terminando las construcciones. Los mismos que conformaron la cooperativa Nuevo Horizonte armaron un comedor, con la ayuda de la empresa recuperada IMPA, ubicada a pocas cuadras del edificio. Allí conocieron al diputado Diego Kravetz, entonces abogado de empresas recuperadas. Fue quien los asesoró en el armado de la cooperativa.
En abril de 2008, Fernando Muñoz (en ese momento asesor del diputado ibarrista Epsztein), llevó a la Legislatura el proyecto de ley de expropiación. Esta ley fue votada por los dos tercios necesarios (incluyendo legisladores del PRO). Luego, en julio, Macri la vetó, como dijimos al principio.
¿Qué dice la ley?
En diciembre, a esos vecinos les ofrecieron que se quedaran con el edificio de Gascón. El problema era simple: si se tiraba el edificio para construir uno nuevo, regía la ley de las torres y podían construir sólo tres pisos. Entonces tenían que arreglar éste, que como ya existe no tiene ese límite. Pero en este edificio viven más familias de las que entrarían si estuviera arreglado. Por eso la solución para una parte de la cooperativa es el edificio que ocupan. El proyecto de ley, de esa manera, incluye un terreno ubicado cerca, en Mario Bravo 145. La cooperativa no acepta ninguna oferta que no contemple una solución definitiva para todos. O sea, los dos terrenos. El problema es que ese otro terreno de Mario Bravo, ya tiene destino: la UOCRA y una ampliación de las obras de su policlínico, ubicado en el mismo barrio, según trascendió off de record.
La ex diputada Baltroc, en la audiencia pública, a la que se presentó como "ciudadana", explicó de manera clara, frente a los vecinos que se hicieron presentes, que "este proyecto plantea dos cuestiones muy sencillas de resolver. Por un lado, una desafectación a una normativa que ya no está vigente por el trazado del corredor verde del oeste. Por el otro, la afectación a vivienda social de un predio que es emblemático en el barrio de Almagro?". Lo del corredor verde es un proyecto que llegaría después del soterramiento de las vías del tren Sarmiento.
El veto macrista "sorprendió a todos". El propio Filmus reaccionó desconcertado "ya que la ley había contado con el apoyo del bloque PRO". En noviembre último hubo un susto nuevo para los vecinos, ya que les llegó una cédula de desalojo. Pero fue del mismo jefe del bloque oficialista, Oscar Moscariello, de quien el colectivo obtuvo el compromiso formal de que no habrá desalojo. A Mirta, otra de las vecinas del edificio, procesar el golpe del veto le costó unos días de internación en el Durand.
Para Di Filippo el problema de fondo es que "no quieren dar solución habitacional". El macrismo, sostiene, "manda a la gente a reclamar el problema al IVC, al mismo Instituto que le recortaron el 80% del presupuesto". Según el diputado, los argumentos del veto se basan en dos ejes: el primero, el concepto de "vivienda social", tal como nombra el proyecto de ley, que no está tipificado en el código de planeamiento urbano; el segundo, la relación con el corredor verde. El veto dice esto, Que las franjas afectadas por la Ordenanza N° 24802, se encuentran dentro de los Programas propuestos por el Plan Urbano Ambiental destinadas al ‘Corredor Verde del Oeste’ que implica el soterramiento del ex Ferrocarril Sarmiento en algunos tramos y son las únicas reservas de tipo lineal con que cuenta la Ciudad; que este proyecto encarado en su primera etapa, en el tramo comprendido entre Sánchez de Bustamante y Gascón, no ha contemplando la derogación parcial ni total de la norma antes mencionada, sino por el contrario, mantener su vigencia; que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante Informe N° 274/06 sostiene además de las observaciones ya referidas que la afectación a vivienda social no responde a ninguna definición establecida en el Código de Planeamiento Urbano (?)
En la segunda parte buscaremos las explicaciones institucionales y oficiales acerca de por qué estas 46 familias aún no tienen la respuesta que se merecen.
