La discusión por la basura porteña está más encendida que nunca, después de que el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Juan Pablo Piccardo, se reuniera con distintas ONGs que integran la Comisión Asesora de la Ley Basura Cero. Después del encuentro mantenido el viernes 8 de agosto con Greenpeace, NOTICIAS URBANAS habló con su director político en Argentina, Juan Carlos Villalonga, y con el ministro Piccardo. Las declaraciones fuertes no tardaron en aflorar.
"Nunca tuve una conversación así con un funcionario", dijo, recién salido del encuentro que acababa de tener con el ministro, "como mínimo, parece haber una gran desconfianza hacia el funcionamiento de las ONG, y Greenpeace en particular". "Hubo muchas sospechas y acusaciones veladas, intentando todo el tiempo ver si respondemos a algún interés externo. Así es muy difícil mantener un diálogo", continuó, y para que no quedaran dudas confirmó que la discusión "estuvo, por momentos, acalorada". "Incluso me preguntaron si estaba grabando la conversación porque tenía el mp3 colgado del cuello", sostuvo.
Piccardo, por su parte, se limitó a observar que "fue una reunión intensa" en la cual "se intercambiaron ideas?. Con respecto a las acusaciones de desconfianza respecto a los intereses de la organización, informó que "fueron ellos los que se excusaron indicando que no estaban detrás de ningún interés", esto es, sin que hubiera acusaciones de parte de los funcionarios. Igualmente aclaró: "Siempre es muy útil compartir ideas".
Dejando de lado el clima, la conversación se centró en las problemáticas que ya se venían planteando en días anteriores: el retiro de los contenedores de basura diferenciado, el rol de los cartoneros, el pago por tonelada de basura a la empresa recolectora que se adjudique la licitación y, en definitiva, el sistema que plantea el Gobierno de la Ciudad para el tratamiento de los residuos reciclable, que es el que debe impulsar la disminución de la basura tratada en Buenos Aires.
Con respecto a los contenedores diferenciados, Villalonga aseguró que al menos son una parte de la solución, ya que para la ONG se trata de un sistema más sencillo para el vecino que esperar a que pasen a buscar los residuos que mientras tanto mantiene en su casa. "Los contenedores tienen que estar a menos que se los reemplace por otro sistema factible", planteó, dejando margen para otras propuestas que busquen solucionar el problema.
El funcionario explicó que el motivo por el que se decidió retirar los contenedores fue que "el modelo de Greenpeace fracasó. No se pudo cumplir en 2007 con lo propuesto y se perdieron 80 millones de pesos. Además, su propuesta excluye el valor social de los cartoneros, no cumple con el artículo 43 de la Ley Basura Cero". También aseguró que los miembros de la ONG "no supieron explicar por qué el pago por tonelada de basura es contrario al espíritu de la ley. La explicación que dieron es que había riesgo de quiebre de la empresa". Además, dijo que "ellos fueron parte de la Comisión Asesora, la cual fracasó en su labor de monitorear el cumplimiento de la ley".
El proyecto del gobierno, según explicó el director de la ONG, plantea el retiro de los contenedores diferenciados para que sean los propios vecinos y los grandes centros generadores los que se encarguen de hacer la diferenciación. "Proponen que los cartoneros toquen el timbre casa por casa para pedir la bolsa con la basura reciclable, y luego éstos reciban el pago de acuerdo a lo recogido", explicó. Mientras tanto el resto de la basura sería recogida de los contenedores por la empresa encargada.
"Lo dramático de esta situación es que el cartonero sigue sin tener ni formalidad ni contrato, la cantidad que se recicla depende de su ingreso, no de que sea lo más posible. Así productos como el vidrio, que se paga muy poco, no los recoge nadie", opinó Villalonga. También, planteó que la medida es factible y positiva con los grandes centros, pero que es poco probable que lo sea también con los vecinos, para quiénes resultaría más cómodo el tirar toda la basura junta, lo cual resultaría en un beneficio para la empresa, a la cual se le paga más por el mayor peso.
Sobre este tema, el ministro macrista explicó: "Este proyecto ataca distintos factores que participan de la disminución de la basura. Por un lado el proceso de reducción en la producción de basura, por el otro los mecanismos de reutilización (de escombros y áridos, por ejemplo) y por último el reciclado". Dentro del área de reciclado, informó que se le dará prioridad a lo producido por los grandes generadores ya que "El impacto real de los domicilios en los objetivos de la ley Basura cero es solo del 20 por ciento. De lograrse metas solo en esta área se reduciría un 4% el total de basura. Por lo tanto, hay que centrarse en los centros, que son los que tienen gran potencial en la reducción de basura", continuó.
Como contrapartida, el titular de Greenpeace piensa que el Gobierno ?se justifica con que de esta forma cumple con la ley 992", y sigue: "esa ley se formuló por una situación que se vivía en el 2002. La ley Basura Cero prevé una visión superadora que integra al cartonero al sistema". Además, consideró que "el trabajo de las cooperativas es loable, pero no va a funcionar si no se las integra en la cadena de reciclaje". Para esto, expresó, sería necesario que "los hagan empleados de la ciudad o conformen una empresa para recoger desechos reciclables. Sería bueno para el vecino y para que el trabajador tenga un sueldo digno". "Tiene que haber un contrato", alegó.
Para Piccardo, la respuesta de los vecinos a esta medida "tiene que ver con las campañas de concientización de reciclado", que también se implementarán a partir de este proyecto del Gobierno. En cuanto a los cartoneros, el plan propone que "tengan un sistema de trabajo preestablecido?, el cual les otorgaría un mejor marco de trabajo, aunque cuando se le preguntó al ministro si este sistema incluirá un contrato, éste contestó que ?se evalúan distintas opciones".
"Lo que hay es una necesidad de ahorrarse el dinero que debería ser para un sistema de recolección de los reciclables", declaró finalmente Villalonga, agregando que es normal que el mismo sea caro si se quiere que funcione. En su opinión, la del gobierno es una propuesta "insólita", y profundiza: "Nunca habíamos escuchado una propuesta como esa desde el ámbito gubernamental. Es un fracaso como todo lo que hace Piccardo".
En respuesta a esto, el funcionario afirmó: "Se busca alcanzar la reducción de residuos a un costo razonable, pero la reducción es la prioridad. Lo que se venía pagando hasta ahora era un disparate, se pagaban 200.000 pesos por cada tonelada de papel reciclado". "Un sistema bien planteado no tiene por qué ser costoso" continuó, agregando luego que, en comparación, "un sistema mal planteado, como es el de Greenpeace, solo lleva al desastre".
Para finalizar, el titular de Greenpeace Argentina acusó a Piccardo y al Gobierno de querer descargar la culpa por el incumplimiento de la ley Basura Cero sobre la Comisión Asesora. "Actualmente solo llaman a sus miembros para que escuchen lo que el Gobierno tiene para decir. Antes la comisión al menos permitía que se discutieran temas con múltiples voces", concluyó, para luego agregar que, a pesar de que las distintas ONGs (por ejemplo: GAIA y FARN) acordaron reunirse con las autoridades por separado, "también se vieron en la misma situación de sospecha y desconfianza".
Para el ministro, con las otras ONGs se discutieron otros temas, tanto sobre la ley en general como sobre los procesos de reciclado, y agregó que "muchas de ellas no se metieron tanto como Greenpeace en el tema". Cuando finalmente se le preguntó si este proyecto oficial logrará la reducción del 30 por ciento que estipula la ley, arguyó que "la base es un 10 por ciento más alta que la que establece la ley. Va a ser el doble de trabajo pero es el desafío que tenemos".
