Las concesiones para la prestación del servicio de fotomultas vencieron el 30 de junio de 2006. Desde entonces, las empresas continuaron, detuvieron y retomaron su actividad, de acuerdo a diferentes momentos y voluntades políticas.
Ante el "complejo procedimiento contractual que ha tenido lugar hasta la fecha" y la necesidad de "verificar que la nueva contratación se de en un marco de legalidad que sea acorde a los problemas de movilidad y a los siniestros viales que tienen lugar en la Ciudad", la legisladora porteña del Frente para la Victoria, Gabriela Cerruti, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo, en un plazo no mayor a 30 días, esclarezca y brinde detalles de diversos puntos vinculados a la contratación y prestación del servicio de fotomultas".
"En lugar de llevarse adelante el procedimiento indicado por la Procuración General (el procedimiento que debe seguirse en caso de extinción: la confección de inventario y la orden de las tareas a realizar por el
concesionario para la entrega de los bienes en perfectas condiciones), entre diciembre de 2007 y enero 2008, el actual Jefe de Gobierno habría suspendido la ejecución de los contratos vencidos", expresa Cerruti en los fundamentos de su proyecto.
Luego de señalar que en abril de 2008 Mauricio Macri firmó el Decreto Nº 453/08 "acatando en apariencia lo dictaminado por la Procuración General" y ordenando en su artículo 2 "el inicio de la elaboración de los pliegos" para llamar a una nueva licitación pública; la legisladora expuso que en dicho decreto también "se delegó en el Ministro de Justicia y Seguridad, la facultad de celebrar los acuerdos necesarios para que los antiguos concesionarios sigan prestando servicio hasta tanto el mismo sea adjudicado luego del correspondiente procedimiento".
"Lla legalidad en el procedimiento contractual relativo al servicio de captación y registro gráfico de infracciones viales se encuentra inherentemente relacionado con la seguridad vial de nuestra
Ciudad, por lo que corresponde efectuar un seguimiento informado acerca de las condiciones actuales en que se presta el servicio", fundamentó.
Entre los puntos que deberán ser respondidos se destacan: "causas o intervenciones judiciales en el marco de la contratación y prestación del servicio de captación, registro gráfico y procesamiento de infracciones"; "¿cuál es el fundamento jurídico y en qué norma se encuadra la continuidad del servicio de captación, registro gráfico y procesamiento de infracciones de tránsito" por la U.T.E. Meller S.A. ? Petrosid S.A. ? Cotesa S.A. y la U.T.E. Itron S.A., Cam Film Work LC, Muvihill Electric Contracting Corporation Tecnológica y Control S.A. cuyos contratos se "encuentran vencidos, y fueron suspendidos reiteradamente en 2007"; "¿cuál es el plazo de vigencia del nuevo acuerdo contractual?"; "toda información y documentación que permitan justificar el aumento del 70% a percibir por las concesionarias por cada acta de infracción distribuida" ; certificados de funcionamiento de los equipos, número de cámaras (móviles y fijas), criterio de movilidad, ubicación, tope de actas de infracción a labrar por cada contratista diferenciando faltas leves y graves; y estado del procedimiento licitatorio convocado por Decreto 453/08.
