Las denuncias por abusos cometidos por efectivos de la Policía Federal vienen en franco aumento. Sobre todo por el uso desmesurado de la fuerza y de armas de fuego en situaciones que no lo requerían, la recurrencia de comportamientos discriminatorios y ?el ocultamiento o la modificación de hechos con el propósito de inculpar a quienes fueron las víctimas de ellos o exculpar a los uniformados?, según revela un informe que acaba de publicar la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, difundido bajo el expresivo título de ?¡Paren la mano!?.
Uno de los mayores logros del gobierno de Néstor Kirchner fue meter en caja a la Policía Federal. Lo hizo sin meter mano, valga la redundancia, en la mayoría de sus cajas (lo que implicaría aventurarse en una reforma profunda, ya que el presupuesto asignado a la PFA es claramente insuficiente para mantener su funcionamiento meramente rutinario). Guiándose por su intuición, Kirchner depuró a la repartición de oficiales superiores identificados con la ideología, usos y costumbres de la dictadura. Lo hizo a ojo de buen cubero y a grosso modo, descabezándola en tres oportunidades, y, gracias a ello, él pudo asegurar su política ?invicta hasta la fecha? de considerar tabú la represión de las manifestaciones políticas y sociales.
Gestos ominosos
El jefe de Gabinete Aníbal Fernández ha seguido la consigna con éxito en lo que hace a asegurar que no haya muertos en el curso de manifestaciones y protestas. Sin embargo, en los últimos tiempos la PFA volvió a mostrar los dientes como en los añorados tiempos en que podía llevarse a cualquiera detenido so pretexto de averiguar sus antecedentes. Los efectivos de la repartición volvieron a golpear a quienes se resisten a ser desalojados de las viviendas que ocupan y a moler a palos a piqueteros díscolos. Precisamente, en un alto de la redacción de esta nota, este cronista vio el pasado martes ?un día de lluvia? cómo dos efectivos de la Comisaría 16 amenazaban a los gritos, en medio de ampulosos gestos dignos de Cecilia Pando, a indigentes guarecidos en la calle Tacuarí debajo de la autopista a Ezeiza. Los amenazaban con molerlos a palos si no levantaban campamento y se marchaban.
Veinte casos
Es en este contexto, signado también por el incomprensible silencio sobre estos hechos de algunos de los más importantes organismos de defensa de los derechos humanos, que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires acaba de publicar un detallado informe sobre 20 casos de abusos policiales cometidos en 2008 y la mayor parte de 2009.
Quedaron afuera por ahora, pero pronto se incluirán casos tan paradigmáticos como la feroz represión desatada en noviembre último en las inmediaciones del estadio de Vélez Sarsfield en ocasión de celebrarse un concierto del grupo Viejas Locas, que concluyó con la muerte del joven Rubén Carballo; la persecución a tiros y el virtual fusilamiento por la espalda de un presunto ratero en Corrientes y Callao (cerca de las 20 horas de un día hábil, cuando esa esquina estaba llena de gente) a mediados de febrero y, por supuesto, episodios recientes y de menor gravedad, como el ocurrido hace poco más de una semana, cuando fue detenido el áureo periodista Facundo Pastor.
Todos
El informe se centra, además de en homicidios cometidos por efectivos policiales, en la represión policial desatada en ocasión de desalojos, marchas y otros episodios que motivaron la apertura de causas judiciales y denuncias formales por parte de sus víctimas. Y concluyó que en todos los casos el uso de la fuerza resultó ?excesivo, desproporcionado o irracional?, que por lo general se desató contra personas y sectores sociales vulnerables, que no se respetaron ?los estándares internacionales de protección a los derechos humanos? y que constituyeron o parecen claramente haber constituido ?delitos dignos de ser investigados por el fuero penal?.
Medicina ponzoñosa
Según dispone la Ley de Seguridad Interior, las fuerzas policiales y de seguridad deben procurar preservar la vida e integridad física de las personas que son objeto de su accionar. La coerción tiene que ser, pues, un recurso limitado que no genere hechos más graves que los que se pretenden reprimir. El remedio no puede ser peor que la enfermedad.
Ideología primitiva
Sin embargo y por el contrario, los hechos analizados por la Defensoría ?apenas un puñado de los ocurridos en el período investigado? revelan que el accionar policial sigue regido por ?rutinas y hábitos inspirados en una perspectiva bélica del control del delito? y en la aplicación de ?una metodología extrainstitucional? enfocada a disciplinar toda conducta transgresora, aún cuando ésta no viole ley alguna. Lo que revela ?la persistencia de una ideología basada en conceptos primitivos de la moral pública y del conflicto social?.
Semblanteo
Abundan en el accionar de la Federal ?los estereotipos discriminatorios engendrados por la propia policía?, tales como ?el olfato policial o la actitud sospechosa? que suelen victimizar a los jóvenes, particularmente ?a los morochos y a los tatuados? y a los ?pobres, homosexuales y oriundos de países limítrofes?. Es tan obvio que el informe puntualiza: ?Basta con reparar en el lenguaje habitualmente estigmatizante y prejuicioso que los efectivos usan? para referirse a aquellos conjuntos de personas, para darse cuenta.
Anarcopunks, jipis y jipas
Una situación de ?brutalidad extrema? que registra el documento de la Defensoría se produjo el 24 de marzo de 2009 en el pasaje Enrique Santos Discépolo. Allí, unos 150 jóvenes autodefinidos como anarcopunks repudiaban la última dictadura militar en el aniversario de su entronización y, ante incidentes menores provocados por los manifestantes, la Federal los reprimió con un enorme operativo con derroche de gases y balas de goma, que arrojó un saldo de varios heridos y detenidos. En síntesis: las parodias hechas por Capusotto acerca de cómo la PFA lograba que ?jipis y jipas cesaran en su accionar? se revelan a la hora de los bifes (nunca mejor utilizada la metáfora) no sólo actuales, sino también, aunque dulcificados, más realistas que surrealistas.
A la puta calle
Los muchos casos de desalojos manu militari evidencian ?que la violencia policial no se morigera siquiera ante la presencia de niños, aunque ello implique violar las convenciones internacionales que los protegen?. El informe da como ejemplo lo sucedido el 22 de febrero de 2008 en Barrancas de Belgrano, luego de la suspensión del tren blanco de los cartoneros, cuando ?policías federales uniformados y de civil fuertemente armados y secundados por el grupo GEOF realizaron un despliegue claramente desproporcionado? para desalojar ?a las mujeres y niños que vivían junto a las vías del ex Ferrocarril Mitre? que ?fueron víctimas de insultos, golpes y tirones de cabello?.
Asesinados
Pero los casos más graves analizados fueron los que terminaron con la muerte de presuntos delincuentes. Como le sucedió a Mauricio Vega, ?asesinado por efectivos de la Comisaría 33 tras ser apresado por no obedecer la orden policial de detener su moto?, luego de lo cual los homicidas aseguraron que estaba robando un auto y había resultado muerto en un enfrentamiento. Y también el caso de Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco, que fueron muertos por un policía, y sus cuerpos recién aparecieron pasados dos meses. El informe también recuerda que efectivos de la Comisaría 36 ?dieron muerte a un joven en agosto pasado mientras transitaba por la avenida Riestra?, y cuando ?un hermano de la víctima se acercó al cadáver, fue detenido, golpeado brutalmente a bordo de un patrullero y amenazado con ser arrojado al Riachuelo?.
A posteriori
Aunque la Ley sólo habilita a los policías a actuar ?cuando existen indicios vehementes o circunstancias debidamente fundadas de una conducta o acto a perseguir?, es habitual que los policías los fabriquen luego de su intervención, motivo por el cual en los casos analizados por la Defensoría ?la versión policial de los hechos resulta notablemente disímil a la que brindan víctimas o testigos? y en no pocas ocasiones también difiere de lo que termina por comprobarse en los tribunales. Cuando llegan a ventilarse en sede judicial. Porque el informe consigna que es regla la falta de profundidad en las investigaciones de las fiscalías intervinientes. ?Es llamativo ?enfatiza el documento? que todas las causas iniciadas por violentos procedimientos policiales desarrollados en el marco de desalojos se encuentren archivadas o bien paralizadas, así como también que en ninguna de ellas se haya citado a indagatoria a efectivos policiales?.
Una síntesis del informe ?de 65 páginas, divididas en diez capítulos y tres anexos? puede consultarse en la revista digital de la Defensoría, Buenos Aires, Crónicas de la Ciudad Abierta.
Pierini: "La Policía Federal debe volver a subordinarse al poder político"
El Gobierno nacional es un claro defensor de los derechos humanos. Por lo tanto, cuando una institución del Estado los vulnera reiteradamente, como es el caso de la Policía Federal en esta ciudad, está incurriendo en dos graves violaciones, la de los derechos de la gente y la de las políticas oficiales. O bien el discurso, las pautas y paradigmas de los derechos humanos no penetraron en la Policía Federal o bien hay algunos elementos que no los cumplen, en cuya situación habría que dar las explicaciones del caso a la sociedad y sancionar a esos malos policías. Algo particularmente acuciante en los casos de Rubén Carballo y la represión en el concierto del grupo Viejas Locas; en los de Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco, y en los restantes homicidios cometidos por sus efectivos.
Por ejemplo, en el de Rubén Carballo, cometido en medio de la feroz represión desatada en noviembre último en los alrededores del estadio de Vélez, un episodio que fortaleció la convicción de la Defensoría del Pueblo de que es su facultad irrenunciable combatir toda vulneración de derechos y aún de situaciones que puedan implicar un riesgo para las garantías ciudadanas, así como consolidar una visión del problema de la inseguridad que no lo aborde sólo desde el punto de vista de la propiedad de los bienes materiales, sino que dé prioridad a la plena vigencia de los derechos constitucionales.
Todos son casos bien conocidos por la jefatura de la repartición, a la que yo le envío los informes y mantengo al tanto.
La Defensoría no es denunciante, recibe denuncias, que no es igual. Y las vehiculiza a quien corresponde. Y las da a conocer. No está contra el Gobierno nacional sino contra aquellos funcionarios que desde sus filas violan políticas tan centrales como las del respeto irrestricto a los derechos humanos. Las violaciones de la Federal a los derechos humanos están cobrando un auge que es preciso detener. Y nos preocupa que el poder político no le esté poniendo freno. Porque es imprescindible que la Policía Federal vuelva a estar plenamente subordinada al poder político.
La muerte de Rubén Carballo y ?la intimidación permanente?
A pesar de no estar incluido en el informe (que llega hasta octubre pasado), su presentación se refirió específicamente a lo ocurrido en noviembre último, cuando la PFA puso en marcha un enorme operativo, que incluyó hasta un helicóptero, para reprimir a miles de jóvenes que estaban haciendo cola para entrar a la cancha de Vélez Sarsfield a presenciar un recital de Pity Álvarez y su grupo Viejas Locas, y comenzaron a protestar indignados por la aparente sobreventa de entradas que desbordó la capacidad prevista, la ausencia de controles y el accionar policial que, tal como se observa en las filmaciones de los sucesos, le abrió paso a la barra brava del club para que traspusiera los molinetes sin pagar.
El saldo de los gravísimos incidentes fue de 30 heridos, 34 detenidos y un adolescente de 17 años, Rubén Carballo, que falleció 23 días después, víctima de una fractura de cráneo. Cuando fue encontrado, las ropas de Carballo estaban teñidas por el agua de ?Neptuno? (camión hidrante) y presentaba varios impactos de balas de goma y fuertes contusiones.
Según la argumentación policial, se había golpeado al intentar trepar por un muro del estadio para acceder irregularmente al espectáculo, pero el hecho de que conservara en sus bolsillos el celular y la entrada que había adquirido dos meses antes demostró la falsedad de la explicación.
Su padre dijo en cambio que lo habían molido a palos, y cuando comprobaron que se les había ido la mano, lo arrojaron en un baldío. El primer peritaje, realizado sobre los estudios médicos del cráneo de la víctima, confirma que Carballo recibió un fuerte golpe con un objeto romo.
Ante un hecho de tamaña gravedad, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, presentó una denuncia penal contra el personal de la Comisaría 44 de la Policía Federal que intervino en los hechos. ?De los 36 testimonios que avalan la presentación surge claramente que existió un accionar policial irracional, abusivo y desproporcionado y que lejos de proteger a las personas, se ejerció sobre ellas una conducta de intimidación permanente.? Pierini añadió que dichos testimonios también permiten deducir que la represión no buscó ?la dispersión ordenada del público ya que no existía un camino por el cual pudiera retirarse, acosado como estaba por las balas de goma, los gases lacrimógenos, el carro hidrante y los caballos de la montada?.
