Con demora, la Legislatura porteña dio finalmente un paso en materia de preservación del patrimonio urbano, al aprobar una ley para la protección patrimonial que incorporó alrededor de 4.000 inmuebles, distribuidos en distintos barrios porteños. Se trata de la ampliación del Catálogo de Bienes Protegidos para resguardar construcciones históricas, edificios públicos emblemáticos y un amplio conjunto de viviendas particulares con valor arquitectónico y simbólico.
Entre los edificios que pasaron a contar con protección definitiva figuran íconos urbanos, como la Basílica de San José de Flores, el Palacio Libertad —ex Palacio de Correos y Telecomunicaciones—, el arco de acceso al autódromo Juan y Oscar Gálvez, el mercado Spinetto y la Torre del Parque de la Ciudad. A ellos se suman hospitales históricos, estaciones ferroviarias y numerosas casas que se destacan por sus cualidades constructivas, tipológicas y estéticas.
El nuevo listado de inmuebles incorporados al Catálogo, incrementó a poco más de 7.000 la cantidad de edificaciones protegidas. Sin embargo, esta actualización llega con varios años de retraso y responde a un fallo de la Justicia porteña.
Es que, por diversas acciones judiciales hechas por organizaciones que trabajan por la conservación del patrimonio urbano como Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, se ordenó al Gobierno de la Ciudad finalizar el relevamiento de parcelas edificadas con anterioridad a 1941, tal como lo estableció una ley sancionada en 2009. Ese mandato judicial fue el que impulsó a la gestión local a acelerar el proceso de evaluación y el envío del listado a la Legislatura.
En un primer estudio, la nómina superaba los 120 mil inmuebles postulados, pero solamente fueron incorporados por leyes ya sancionadas años atrás unos 3.200, a partir de los análisis técnicos realizados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), un organismo integrado por representantes del Estado y referentes del ámbito académico y profesional de la conservación.
Desde entonces, el procedimiento quedó estancado, por diversos motivos. El CAAP es el que evalúa los múltiples criterios de los inmuebles, entre ellos las cualidades arquitectónicas de cada edificio, sus elementos distintivos, su valor histórico y social y su aporte a la memoria colectiva de la Ciudad.
También releva la singularidad del diseño, la imposibilidad de reproducir determinadas características constructivas y la forma en que cada inmueble se inserta en su entorno urbano o contribuye a definir el paisaje.
Y, de acuerdo con el protocolo de protección patrimonial, una vez superada esta evaluación, se confecciona la nómina de edificios recomendados, que luego es elevada por el Ejecutivo a la Legislatura para su incorporación formal al catálogo definitivo. Este proceso se retrasó por más de diez años, hasta la manda judicial.
El régimen de protección patrimonial porteño contempla tres niveles. La “protección integral” obliga a conservar la totalidad del edificio y prohíbe cualquier tipo de modificación, al tratarse generalmente de construcciones consideradas hitos urbanos. La “protección estructural” permite intervenciones en el interior, pero impide cambios en el volumen o la fisonomía general. En tanto, la “protección cautelar” resguarda las fachadas, habilitando reformas internas, bajo determinadas condiciones.
El listado elevado por el Poder Ejecutivo no estuvo exento de polémica. Durante el debate parlamentario se acordó la exclusión de algunos inmuebles de fuerte peso simbólico, como los estadios de Boca Juniors y River Plate, que formaban parte del listado original. La medida respondió al pedido de los clubes.
Entre los inmuebles destacados se encuentra la Torre Espacial del Parque de la Ciudad, ubicada en Villa Soldati, una estructura de más de 200 metros de altura, visible desde distintos puntos del área metropolitana. También figuran la Basílica de San José de Flores, de estilo neoclásico; el Palacio Libertad, referente del academicismo francés y el emblemático arco del autódromo porteño, vinculado al movimiento moderno.
El listado incluye además edificios de hospitales públicos como el Ricardo Gutiérrez, el Ramos Mejía y el Juan A. Fernández y estaciones ferroviarias de diversas líneas metropolitanas, que forman parte de la historia del desarrollo urbano y del transporte en la Ciudad.
“La incorporación de estas construcciones al régimen de protección busca garantizar su preservación para las futuras generaciones y consolidar una mirada integral sobre el patrimonio porteño, entendido no sólo como un conjunto de edificios antiguos, sino como una expresión viva de la memoria, la identidad y la diversidad urbana de Buenos Aires”, señalaron los referentes de la gestión porteña.
Qué dicen las organizaciones que defienden el patrimonio
Tras la aprobación en la Legislatura, distintas organizaciones de vecinos dedicadas a la conservación del patrimonio y la defensa de la identidad barrial advirtieron sobre la falta de incorporación de inmuebles de alto valor histórico en algunas zonas, por ejemplo, en aquellas comunas en las que existe un boom inmobiliario.
“El avance destructivo de los inversionistas inmobiliarios y constructoras parece no tener límite. Unas pocas propiedades del barrio fueron incluidas en el catálogo patrimonial definitivo este año, pero lamentablemente aún esta escasa cantidad está siendo amenazada y ofrecida para la construcción de edificios”, alertaron desde Conciencia Urbana, un colectivo de vecinos de la Comuna 11, que conforman los barrios de Villa del Parque, Devoto, Villa Santa Rita y Villa General Mitre.
El grupo barrial destacó que “esas paredes cuentan quiénes fuimos”, por lo que llamó a “no dejar que el silencio de la demolición borre nuestro pasado. La identidad de nuestro barrio no tiene precio”.
En tanto, desde Basta de Demoler, consideraron que el CAAP debería sumar a sus filas “representación vecinal y ciudadana, perspectivas barriales y memoria colectiva y una participación democrática en decisiones sobre nuestro patrimonio”.
“Cuidar nuestra historia es tarea de todos, por lo que exigimos mayor transparencia y participación ciudadana en las decisiones del CAAP”, consideraron.
