Sturzenegger acusó a los empresarios de querer mantener una “caja política” a través de estos aportes, con el objetivo de reducir costos operativos. Al describir el contexto, enfatizó que no habrá modificaciones respecto al carácter obligatorio de los aportes, lo cual, según él, no tiene sustento normativo. Esta postura ha causado un efecto dominó en el sector empresarial que ahora enfrenta la posible reducción de recursos destinados a la capacitación técnica de los trabajadores.
Desde la Cámara de Comercio, se argumenta que la importancia de estos aportes radica en su contribución a la formación de los empleados. Muchos programas de capacitación disponibles, que son cruciales en un entorno de rápidas transformaciones, dependen de estos fondos. Empresarios expresan su preocupación ante la potencial desfinanciación de las cajas, lo que podría amenazar la continuidad de varias entidades, especialmente las de menor tamaño.
Hace 10 años @JMilei empezó a aparecer en los medios defendiendo lo que en ese momento parecía indefendible: las ideas de la libertad. La idea que el Estado no ayuda sino que oprime y asfixia. Hoy es Presidente y está llevando a cabo una reforma liberal inédita en tiempos… https://t.co/3NXOEl9WjQ
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 23, 2025
El panorama se complica aún más por el trasfondo legal. La disyuntiva surgió tras un intento fallido del Gobierno en marzo de 2025, cuando una normativa similar fue suspendida por una medida cautelar. Actualmente, la legislación en discusión propone que los aportes sean estrictamente voluntarios, lo que podría desmantelar un sistema que ha estado en pie desde 2008 y que está formalizado a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).
Los implicados han comenzado a comprender que el enfrentamiento no se limita a las cámaras expansivas, con miles de millones de pesos en juego, sino que también impacta a un significativo número de trabajadores del sector. A pesar de que el Gobierno sostiene que el argumento de la obligatoriedad es insostenible, los representantes empresariales afirman que la informalidad del sector complica la situación, haciendo que los ingresos esperados sean mucho menores a los calculados por las autoridades.
El conflicto entre Sturzenegger y la Cámara de Comercio ha escalado en los últimos meses. En un evento reciente, se produjo un cruce significativo entre Sturzenegger y Mario Grinman, presidente de la Cámara. Mientras se esperar una resolución legislativa, la tensión promete aumentar, con ambos lados preparándose para una posible batalla final en el Congreso. La situación actual refleja no solo un desacuerdo financiero, sino una lucha sobre el futuro del trabajo y la regulación empresarial en Argentina.
