En un fallo significativo, el juez federal Martín Cormick ha decidido frenar la aplicación del Decreto 759/2025, que suspendía la ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley 27.795). La medida cautelar, dictada en el marco de un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades, busca garantizar el acceso a los fondos destinados al pago de salarios docentes y becas estudiantiles.
La decisión del juez se basa en la urgencia de proteger los derechos de los afectados por la suspensión de la ley. Cormick argumentó que la falta de cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo podría generar un daño concreto y grave que solo pueda ser reparado a través de medidas judiciales urgentes. Además, subrayó que la medida cautelar requerida es innovativa, ya que la parte actora solicitó la aplicación inmediata de la ley.
⚖️ Fallo judicial obliga al Gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario
📌 La resolución sostuvo que, tras la insistencia legislativa del Congreso, no es admisible una variante suspensiva y ordenó restituir la actualización de las partidas. pic.twitter.com/0U4WQVFcKm
— Filo.news (@filonewsOK) December 23, 2025
Cormick también hizo hincapié en que la decisión tomada por el Gobierno de suspender la ley se fundamentó en una norma de inferior jerarquía, lo cual contradice un mandato constitucional expreso que sostiene la primacía de las leyes aprobadas por el Congreso. El juez subrayó que la suspensión de la ley no tenía un respaldo jurídico válido y que debía priorizarse la aplicación de la norma conforme a lo establecido por la Constitución.
En su fallo, el juez destacó que la insistencia legislativa, que exige la aplicación de la ley, no puede ser ignorada sin un análisis profundo que justifique dicha suspensión. Aseguró que la solución adoptada por el Poder Ejecutivo pareció estar en contradicción con el principio de separación de poderes, que es esencial para el sistema democrático.
Además, Cormick señaló que los impactos negativos de la suspensión afectan no solo a los docentes y estudiantes, sino que también comprometen el derecho a recibir educación, reconocido en la Constitución. El juez enfatizó que el deterioro de los ingresos del colectivo afectado necesita atención urgente, ya que afecta derechos laborales garantizados por tratados internacionales.
Finalmente, la cautelar será efectiva hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el tema. Este fallo no solo representa una victoria para el Consejo Interuniversitario Nacional y otras instituciones educativas, sino que también marca un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y las universidades en Argentina, estableciendo un precedente sobre el cumplimiento de leyes aprobadas en el Congreso.