En un contexto de máxima fricción con la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno nacional ha decidido postergar el pago de una millonaria deuda que mantiene con las obras sociales sindicales. Según el cronograma pactado originalmente, la administración central debía cancelar un total de 60.000 millones de pesos antes de que finalizara el año. Sin embargo, hasta la fecha solo se ha efectuado el desembolso de una tercera parte de ese monto, dejando pendientes cerca de 37.000 millones de pesos que los gremios reclaman con urgencia.
Desde el Ministerio de Salud, cartera que encabeza Mario Lugones, argumentan que la demora responde a cuestiones estrictamente técnicas y no a una represalia política por las recientes protestas gremiales. Fuentes oficiales explicaron que se deben auditar manualmente más de 2,3 millones de solicitudes de reintegros por medicamentos y tratamientos de alto costo acumuladas desde 2019. “La intención era dejar la deuda a cero para fin de año, pero el volumen de expedientes antiguos obliga a una revisión pormenorizada que dilata los tiempos de pago”, señalaron desde el entorno ministerial.
💥 LA REFORMA LABORAL ES UN ATAQUE DIRECTO A LAS Y LOS TRABAJADORES
No es modernización: es ajuste y precarización.#CGTMarcha #ReformaLaboral #FlexibilizacionLaboral #MovimientoObreroOrganizado #TrabajadoresUnidos pic.twitter.com/SMERmv12Yd
— CGT (@cgtoficialok) December 15, 2025
El financiamiento para estos pagos proviene del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre de los aportes obligatorios de los trabajadores registrados. Según estimaciones del sector sindical, existirían unos 300.000 millones de pesos inmovilizados en cuentas del Banco Nación que no han sido utilizados para los fines correspondientes. Los dirigentes gremiales denuncian que la falta de actualización de estos fondos pone en riesgo la cobertura de prestaciones básicas de salud para millones de afiliados.
La relación entre la Casa Rosada y la central obrera atraviesa uno de sus momentos más críticos. Recientemente, los sindicatos se movilizaron a Plaza de Mayo y amenazaron con convocar a un paro general si el Gobierno no revisaba su agenda legislativa. En respuesta, el oficialismo anunció que el debate por la reforma laboral se postergará hasta febrero, una medida que los analistas políticos vinculan tanto a la falta de consenso en el Congreso como a la caída de la votación del Presupuesto nacional.
Mientras el Gobierno insiste en que la voluntad de pago es “legítima” y que se completará el proceso “por tandas”, el gremialismo se mantiene en alerta. La incertidumbre sobre cuándo se reactivarán los desembolsos mantiene en vilo a las prestadoras médicas sindicales, que enfrentan costos crecientes y una demanda de servicios que no se detiene. En este escenario, la deuda con las obras sociales se ha transformado en una pieza clave del tablero político que definirá el nivel de conflictividad social durante el inicio del próximo año.
