La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó la convocatoria a un paro nacional el martes en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
La medida de fuerza, que se desarrollará con una movilización en el Congreso, busca frenar cambios que la conducción sindical considera un “combo explosivo” para los derechos laborales. “Vamos a estar en la calle resistiendo”, expresó Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, en una entrevista con radio Splendid.
La dirigencia de ATE alertó sobre el impacto del proyecto, tanto en la estabilidad del empleo público como en la protección de los convenios colectivos. “Es muy poco lo que se sabe”, dijo Catalano en referencia a la falta de precisiones sobre el texto definitivo que debatirán los legisladores.
De acuerdo a su evaluación, el borrador establecido por el Poder Ejecutivo implicaría “una intención muy grande de que desaparezca la organización sindical, los convenios colectivos y los acuerdos de estabilidad laboral, y que no haya más indemnizaciones”.
Planteó que, aunque en otras circunstancias se podría debatir sobre una eventual “modernización laboral” pensando en ampliar derechos, hoy el escenario es distinto.
El secretario general de ATE Capital agregó que existe el temor de que en algunos sectores se obligue a los trabajadores a “renunciar para volver a contratarte”, evidenciando un escenario de precarización.
Catalano mencionó que “salió un comunicado oficial” confirmando que el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. Según el dirigente, el plan oficial abarca no solo la reforma laboral, sino también una reforma penal.
Al respecto, manifestó preocupación sobre versiones que indican que “podrían ahora procesar a los médicos que lleven adelante un aborto”.
El paro de ATE responde a tres ejes principales: el rechazo a la reforma laboral presentada por el oficialismo, la exigencia de reapertura de paritarias con una recomposición salarial urgente en el sector público y la oposición al plan del Poder Ejecutivo para recortar un 10% del personal en organismos del Estado.
ATE denunció que “hay una intención muy grande de que desaparezca la organización sindical, los convenios colectivos y los acuerdos de estabilidad laboral, y que no haya más indemnizaciones”
En el marco de la convocatoria oficial, el gremio denunció que la reforma avanzaría “en un contexto de fuerte recesión, con trabajadoras y trabajadores precarizados, marcado desempleo, subempleo y multi empleo para cubrir las necesidades básicas”.
El comunicado advirtió que las propuestas del Ejecutivo favorecerían a “grandes empresas y multinacionales”, al “permitir despedir sin indemnización, ampliar la jornada laboral y limitar la negociación colectiva”.
También rechazó las privatizaciones de empresas públicas, la venta de inmuebles del Estado y la armonización de las cajas previsionales provinciales, exigiendo la restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES.
Entre los organismos que podrían verse afectados por la reducción de trabajadores, ATE incluyó la Oficina Anticorrupción, INDEC, CONICET, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación, ANSES, CONADIS, ENARGAS, ENRE, INTA, INTI y ENACOM.
