El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la provincia de Buenos Aires no puede tomar nueva deuda porque no cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal, vigente desde 2004, que prohíbe endeudamiento cuando los gastos corrientes superan la inflación. En una entrevista en A24, Caputo criticó directamente la gestión del gobernador Axel Kicillof por aprobar un endeudamiento de unos 3.500 millones de dólares, parcialmente para refinanciar obligaciones y gastos corrientes, sin autorización nacional requerida.
La normativa exige que los gastos corrientes no crezcan por encima del índice de precios al consumidor, condición que Buenos Aires incumple actualmente, según el funcionario. Caputo reiteró que esta regla impide técnicamente la aprobación de deuda nueva, y señaló que el secretario de Hacienda, Carlos Guzmán, viene advirtiendo a las provincias sobre la necesidad de ajustar sus finanzas para acceder a financiamiento.
El ministro distinguió entre nueva deuda, sujeta a estrictos controles nacionales, y refinanciación de vencimientos existentes, que no genera incremento del pasivo. Enfatizó que el “costo argentino” se concentra ahora en provincias y municipios, más que en la Nación, debido a tasas absurdas por servicios inexistentes y tributos distorsivos como Ingresos Brutos provinciales o débitos y créditos nacionales.
📢 Luis Caputo en A24: “Buenos Aires no cumple con la ley de responsabilidad fiscal”
El Ministro de Economía se refirió a la solicitud aprobada para tomar deuda por parte de PBA.
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— A24.com (@A24COM) December 5, 2025
La tensión entre Nación y Buenos Aires refleja un debate recurrente sobre autonomía financiera y límites legales al endeudamiento provincial. Mientras la provincia avanza con su ley de endeudamiento, el Gobierno nacional condiciona aprobaciones al cumplimiento estricto de la Ley de Responsabilidad Fiscal, priorizando el reordenamiento de gastos.
Esta postura de Caputo busca alinear las jurisdicciones subnacionales con parámetros de sostenibilidad fiscal en un contexto de ajuste macroeconómico. La relación entre el Estado nacional y las provincias queda así supeditada al respeto de normas que limitan la expansión crediticia ante desequilibrios en los gastos corrientes.