La Ciudad detectó a más de 50 deudores alimentarios desde el comienzo de los controles en estadios de fútbol y espectáculos culturales masivos. Este fin de semana, a otras 9 personas se les impidió el acceso a eventos recreativos por figurar inscriptas en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM).
Estos operativos se iniciaron en marzo, en el marco de la reforma de la Ley Nº 269 mediante la Ley Nº 6.771, sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 2024. Desde entonces, fueron detectados 57 deudores morosos en controles realizados por los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Ciudad.
Este fin de semana largo se impidió el acceso de 2 alimentantes morosos en el partido entre Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors en el estadio José Amalfitani de Liniers, otros 2 en Boca-Talleres de Córdoba en La Bombonera y a 5 más en el megafestival La Dorada que se realizó en el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati.
Con estos operativos (más de 80 realizados hasta el momento), se busca limitar las actividades recreativas de los deudores y garantizar el cumplimiento efectivo del derecho alimentario de chicos y adolescentes, además de generar conciencia en la sociedad.
Esta política pública de la Ciudad combina control, prevención y difusión. Para muchas personas, el trabajo realizado por el RPAM permitió acceder por primera vez a información que desconocían o iniciar trámites que permanecían postergados: a los alimentantes morosos detectados sólo se les permite ingresar nuevamente a un estadio de fútbol porteño o a un espectáculo cultural masivo (de más de 5.000 personas) cuando regularizan su situación ante la Justicia.
“En la Ciudad las obligaciones se cumplen sin excepción. Y los chicos y adolescentes están en el centro de nuestras prioridades”, sostuvo el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. Y agregó: “Los operativos son una herramienta eficaz no para castigar, sino para visibilizar y promover que los deudores regularicen su situación. Lo que buscamos es que quien adeuda la cuota alimentaria cumpla con esa obligación antes de destinar recursos a actividades recreativas”.
Desde marzo, se realizaron controles en partidos de fútbol de la Liga Profesional, de la Copa Argentina y de las Eliminatorias del Mundial de 2026. También en el encuentro entre Los Pumas y All Blacks de Nueva Zelanda en el estadio de Vélez por el Rugby Championship y en 17 conciertos, incluyendo los shows de Los Piojos, Lali Espósito, Guns N’ Roses, Don Osvaldo, Kendrick Lamar, Airbag, Linkin Park, Dua Lipa, La K’onga y Oasis en la Ciudad y el festival de la Creamfields.
“Valoramos el esfuerzo y los resultados logrados. Estos operativos no solo hacen cumplir la ley, también generan conciencia colectiva sobre la obligación alimentaria, que no es opcional y representa un derecho fundamental para niñas, niños y adolescentes”, dijo el subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson.
Qué dice la ley
La ley N° 6.771 de la Ciudad actualizó la terminología oficial y reemplazó la categoría de “deudor alimentario moroso” por la de “alimentante moroso”. La nueva denominación busca unificar criterios y reforzar la precisión del concepto: se considera alimentante moroso a toda persona que adeuda total o parcialmente dos cuotas alimentarias, consecutivas o alternadas, fijadas por sentencia judicial o convenio homologado, ya sea en carácter provisorio o definitivo.
En un contexto donde la tecnología permite cruzar datos en tiempo real, los operativos en espectáculos masivos, como partidos de fútbol o recitales, se han convertido en una herramienta efectiva para asegurar el cumplimiento de una obligación básica: garantizar el bienestar de chicos y adolescentes que dependen de ese aporte para su desarrollo.
En este sentido el próximo jueves se realizará en la Ciudad el primer encuentro federal de registros de alimentantes morosos, una iniciativa que busca fortalecer la cooperación interjurisdiccional y avanzar hacia políticas públicas que garanticen el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias en todo el país.
El encuentro, que se desarrollará en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la UBA, reunirá a autoridades de registros provinciales, representantes del Poder Judicial, organismos estatales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.
