El Gobierno reabrió un canal de negociación con el peronismo para definir los dos cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. La estrategia acordada implica que cada sector proponga un candidato, sin imponer vetos cruzados. Así se busca agilizar un acuerdo político que estaba paralizado desde las últimas elecciones.
En el lado oficialista suena con fuerza el nombre del camarista Mariano Llorens. Se trata de un juez de la Cámara Federal muy valorado por el Gobierno, aunque algunos plantean que su rol actual es clave para mantener el equilibrio en ese tribunal intermedio.
La figura de Llorens despierta un debate interno: algunos sectores aliados opinan que debe permanecer en la Cámara Federal, porque su permanencia garantiza un mantenimiento del orden actual en la estructura judicial.
Es una desgracia que la postulación para juez de la CSJN sea fruto de negociación política. F Sagasti jamás fallará según derecho sino como le indique su jefa política CFK. Consecuencia del desastrozo cambio de la CN del 53 por la del 94. Los jueces son botín político. pic.twitter.com/4DV4vE2lEe
— Alberto Daniel Pizzi (@DanielCellario) November 17, 2025
En paralelo, el Gobierno analiza la posibilidad de sumar otros nombres alternativos por parte del peronismo, como juezas de alto prestigio en las provincias. Se mencionan candidatas del interior —entre ellas juezas de Tucumán o Córdoba— aunque se espera que Cristina Kirchner sea consultada en las decisiones finales.
Los operadores clave en estas negociaciones son Sebastián Amerio, viceministro de Justicia, y Juan Martín Mena, exviceministro kirchnerista. Ambos ya habían impulsado el tema de las vacantes judiciales antes de las elecciones y ahora vuelven a trabajar para cerrar un arreglo.
De concretarse, los nombramientos permitirían al Gobierno arrancar el año judicial 2026 con la Corte Suprema integrada por sus cinco miembros. Hasta ahora, el máximo tribunal funciona con solo tres jueces (Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti), lo que obliga a recurrir a conjueces.