El órgano máximo de gobierno de la universidad, el Consejo Superior de la UBA, aprobó por unanimidad el 22 de octubre de 2025 instruir al rector para que inicie las acciones judiciales correspondientes. En su resolución, se argumenta que el decreto que promulga la ley pero al mismo tiempo suspende su aplicación “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos” establecido en el artículo 1º de la Constitución Nacional.
La universidad señala que la no implementación de la norma vulnera derechos constitucionales, al impedir que el sistema universitario acceda al financiamiento necesario y que se efectúe la recomposición salarial del personal docente y no docente.
La Ley aprobada por el Congreso de la Nación tiene por objetivo garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales de Argentina y la recomposición salarial de los/as trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes. pic.twitter.com/rtGu9SvD59
— UBAonline (@UBAonline) October 22, 2025
En el comunicado interno, la UBA recuerda que ya había declarado “emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria”, y destaca que la ley aprobada por el Congreso tiene como objetivo garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en toda la República Argentina, así como la recomposición salarial de los trabajadores universitarios.
Además, la universidad denuncia que la paralización de la ley constituye “un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la universidad pública argentina”. Asimismo, subraya que esta situación empeora la crisis presupuestaria que ya enfrenta el sistema universitario nacional.
El conflicto se enmarca en un contexto más amplio: el Gobierno promulgó la ley 27.795 junto con la Ley 27.796 de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica, pero el decreto 759/2025—junto al decreto 760/2025—suspendió la aplicación de ambas hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.