La medida generó críticas de legisladores de distintos bloques que denunciaron un mecanismo que calificaron como “crueldad institucional” y una violación de la división de poderes, al promulgar normas que luego no serán financiadas ni implementadas. En su explicación, el Ejecutivo alegó que no puede instrumentar las leyes hasta que el Congreso defina las partidas necesarias para su financiación, justificando la demora en la aplicación como una condición para “preservar el equilibrio fiscal”.
Diputados como Carlos Castagneto denunciaron que la decisión pone en riesgo sectores como la salud pediátrica y las universidades nacionales, advirtiendo que “promulgaron las leyes pero suspenden su ejecución. No pueden condicionar la vigencia de una ley”. Por su parte, el socialista Esteban Paulón anunció que ampliarán la denuncia judicial por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, lo que, aseguran, “no tiene antecedentes desde el retorno de la democracia”.
Tu crueldad es increíble, una vez más @JMilei , @GAFrancosOk y @SPettovelloOK , @Mariolugones_ar violan la Constitución Nacional
hoy promulgaron la Ley 27.796 Emergencia Pediatrica y la Ley
27.795 Financiamiento Universitario
pero SUSPENDEN SU EJECUCIÓNNo pueden… pic.twitter.com/DWYzlo42a1
— Carlos Castagneto (@CastagnetoC) October 21, 2025
El impacto de esta situación se percibe en dos ámbitos críticos: por un lado, hospitales infantiles como el Hospital Garrahan, y por otro, las universidades nacionales que ya enfrentaban carencias presupuestarias. Ambas áreas sostienen que la falta de fondos retrasa tratamientos, becas, salarios y programas fundamentales. Instituciones del sector discapacidad también denunciaron una paralización similar de la ley de emergencia correspondiente, advirtiendo que “la falta de pagos y la parálisis de prestaciones básicas … pone en riesgo la atención diaria de miles de personas”.
El escenario se desarrolla en plena campaña para las elecciones legislativas, lo que según analistas subraya una tensión creciente entre la decisión del Ejecutivo de mostrar coherencia fiscal y la necesidad de atender reclamos urgentes de sectores vulnerables. Con las denuncias presentadas y la movilización de diversas agrupaciones, el conflicto promete trasladarse del plano político al judicial, planteando un desafío institucional que podría marcar la agenda pública en los próximos meses.
