La convocatoria de la CIDH surge tras alertas presentadas por diversas organizaciones de derechos humanos y entidades periodísticas que denunciaron un aumento significativo en las agresiones, hostigamientos y la judicialización abusiva de periodistas en Argentina. Estas entidades señalan que se ha producido un empeoramiento progresivo del ambiente para el ejercicio libre del periodismo, lo que motivó la intervención internacional.
En su pedido, las organizaciones aluden a expresiones estigmatizantes desde altos funcionarios del Estado contra medios de comunicación y trabajadores de prensa, además de detallar incidentes de violencia durante protestas, restricciones de acceso a información pública y uso de recursos estatales para presionar a la prensa. En particular, se menciona que la retórica oficial ha incluido calificativos como “mentirosos” o “extorsionadores” dirigidos a periodistas, lo que contribuiría a un clima de riesgo para la libertad de expresión.
🔴 Argentina deberá dar explicaciones ante la @CIDH por el deterioro de la libertad de expresión: el organismo convocó una audiencia tras recibir solicitudes de organizaciones y referentes académicos que denuncian un deterioro sostenido y alarmante de la libertad de expresión y… pic.twitter.com/N7uTqP5EWE
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) October 17, 2025
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la OEA ya había emitido un informe previo en el que advertía sobre la baja tolerancia a la crítica desde el poder político y el debilitamiento de los procesos deliberativos. En ese marco, la convocación de la audiencia por parte de la CIDH busca establecer un canal de diálogo mediante el cual el Estado argentino pueda rendir cuentas y tomar medidas para revertir esta tendencia.
Para el Gobierno argentino liderado por Javier Milei, esta citación representa un llamado de atención internacional y una exigencia de transparencia frente a las preocupaciones planteadas por la comunidad internacional en materia de derechos fundamentales. La audiencia del 19 de noviembre servirá como plataforma para que el Estado exponga su posición y para que la CIDH evalúe la situación local.
Las organizaciones que impulsaron la denuncia esperan que de la audiencia surjan compromisos concretos por parte del Estado argentino para garantizar la protección de los periodistas, frenar la judicialización de la prensa y asegurar un entorno en el cual la libertad de expresión pueda ejercerse plena y sin amenazas. La convocatoria de la CIDH se convierte así en un episodio clave en la vigilancia de los derechos humanos en la región.