La conmoción por el doble femicidio ocurrido en Villa Serrana, Córdoba, reabrió el debate sobre la influencia de discursos de odio y la responsabilidad intelectual detrás de ellos. En el centro del foco mediático aparecen dos figuras destacadas del pensamiento libertario argentino: Nicolás Márquez y Agustín Laje, identificados como promotores de posturas ultraconservadoras que, según críticos, contribuyen a legitimar la violencia simbólica contra mujeres y diversidades.
Su discurso suele reivindicar la “familia tradicional” y califica al feminismo y a la “ideología de género” como amenazas totalitarias. Estas afirmaciones les han acarreado fuertes críticas de especialistas en género, derechos humanos y sociología por promover estigmas y falsedades. Márquez fue particularmente cuestionado por sus declaraciones en radio sobre la homosexualidad como “una conducta autodestructiva” y el reclamo de que las personas LGBTQ+ vivirían menos tiempo. Laje, por su parte, ha afirmado que el feminismo es “un fraude social” y sostiene que ha perdido consistencia al no poder definir conceptos esenciales como “mujer”.
El nexo más controvertido ocurre con Pablo Laurta, líder de la agrupación antifeminista uruguaya Varones Unidos, quien ha compartido escenarios con Márquez y Laje desde al menos 2016. En 2018, ambos viajaron a Uruguay para participar en eventos organizados por esa agrupación, incluso con actos en el Palacio Legislativo de Montevideo. En un video difundido ese año, expresaron su agradecimiento público a Laurta y su organización.
En Radio Delta, hablé del doble femicidio de Córdoba, donde Luna y Mariel fueron asesinadas por Pablo Laurta, creador de “Varones Unidos”, espacio de difusión de mensajes de odio hacia las mujeres. Un espacio donde también participaban Agustín Laje y Nicolás Márquez, biógrafo del… pic.twitter.com/ibF2lB0QMA
— Jimena López (@MaJimenaLopezOk) October 13, 2025
El 12 de octubre de 2025, Laurta asesinó a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de ésta, Mariel Zamudio, en un hecho que escaló rápidamente al debate público. Giardina ya había denunciado a Laurta por intentos de estrangulamiento y existía una orden de restricción vigente. La tragedia ocurrió en un contexto donde discursos de odio y normalización de la violencia simbólica ya estaban presentes en ciertos sectores ideológicos.
Aunque no hay evidencia directa de que los discursos de Márquez y Laje instigaran este femicidio específico, varios analistas advierten que la difusión reiterada de ideas que minimizan la violencia de género puede generar un caldo de cultivo simbólico que legitima acciones extremas. La relación entre comunicación y violencia se torna, entonces, un tema clave para el debate público.
Además, la situación adquiere un matiz político en un país donde el gobierno reduce recursos destinados a la prevención de la violencia de género (con recortes estimados del 30 % en programas) justo cuando los casos de femicidio siguen siendo una urgencia social. En ese marco, la denuncia y la exigencia de responsabilidad simbólica crecen entre organizaciones de mujeres, activistas y sectores académicos.