En 2012 se aprobó en la Legislatura porteña una ley que obligaba al Gobierno a crear un Centro de Atención Veterinaria en cada una de las 15 comuna de la ciudad. Allí, algunos de los servicios que deberían prestarse incluían vacunación antirrábica, atención ambulatoria, esterilización, desparasitación y tratamientos antisárnicos. Sin embargo, 13 años después, el Estado porteño aún no cumple con la norma, en una ciudad que cuenta con una alta población de animales domésticos y callejeros.
Ante la falta de implementación de la ley, un grupo de organizaciones de proteccionistas y rescatistas, junto a vecinos y representantes de las Juntas Comunales, recurrieron en 2023 a la Justicia local para que instara al Gobierno de la Ciudad a que concretara la creación de los centros. Para ello, presentaron un amparo que tuvo un fallo favorable y una confirmación de Cámara en febrero de este año, pero la situación sigue sin cambios.
“La ley establecía la creación de un Centro de Atención Veterinaria gratuito por Comuna, junto con la puesta en funciones de unidades móviles. Además, debía confeccionar un programa de castraciones masivas, con metas anuales”, explicaron desde las organizaciones amparistas.
Señalaron que “fundamentalmente, la finalidad era el control demográfico y sanitario de animales domésticos, pero en 13 años nada de esto ocurrió”. Luego expresaron que “lo llamativo del accionar del Gobierno es que, en lugar de cumplir con la ley -como se nos solicita a todos los ciudadanos-, la incumple permanentemente, poniendo trabas absurdas ante una ley vigente reglamentada con presupuesto y con dos dictámenes judiciales que lo obligan”.
La ley mencionada es la 4351, que fue aprobada por la Legislatura el 1° de noviembre de 2012 y fue promulgada por el Estado en 22 del mismo mes. Buscaba la implementación de un control poblacional de canes y felinos domésticos y domésticos callejeros, como también la sanidad de todo tipo de animales. Para ello, impulsaba la atención veterinaria pública y gratuita en las 15 Comunas para descentralizar el servicio y llevarlo a todo el territorio.
Puntualmente, fijaba que los centros brinden servicios de vacunación antirrábica, atención ambulatoria, esterilización, desparasitación y tratamientos antisárnicos, entre otras prestaciones de baja y mediana complejidad.
Además, prevé la implementación de programas masivos, gratuitos y permanentes de esterilización quirúrgica, vacunación y desparasitación, complementados por campañas de concientización y sensibilización sobre la tenencia responsable de animales.
La ley también dispuso la realización de estudios demográficos para establecer prioridades de intervención y la participación de organizaciones no gubernamentales en las tareas de captura y atención.
En la Ciudad de Buenos Aires viven aproximadamente 860.000 perros y gatos. Y más de 350.000 mascotas viven en la calle, sin tutores. A su vez, en cuatro de cada diez hogares hay animales de compañía. Sin embargo, hay barrios, como Lugano o Villa Soldati, donde la proporción crece a siete animales por habitante. En un contexto de crisis económica, tener un perro o un gato en la casa demanda de una inversión que no todas las familias pueden afrontar fácilmente.
Y la situación se hace más cuesta arriba cuando el animal requiere de una atención veterinaria por algún problema de salud. “Hemos visto tutores que llegan con un perro o gato al consultorio y al escuchar el precio de un tratamiento con medicamentos, de una ecografía o de una vacuna, se dan media vuelta y se van”, comentó el dueño de una veterinaria.
En algunos casos, puede ocurrir que los especialistas en atención animal accedan a prestar servicios con tarifas accesibles o sin costo, pero no es lo más habitual. Por eso, desde las organizaciones de rescatistas destacan la necesidad de la implementación de la ley que garantice las prestaciones de manera gratuita.
Según explicaron en la presentación judicial, el Gobierno porteño “no ha dado cumplimiento a la ley ni ha creado los centros veterinarios comunales ni los móviles previstos”, lo que impide garantizar la atención sanitaria y el control ético de la población animal.
El amparo fue impulsado por María Angélica Antúnez, de la Fundación por el Derecho de los Animales No Humanos; María Celeste Rixter, de la Asociación Civil Callejeritos de Flores para la Defensa de Perros y Gatos en Estado de Abandono; y los vecinos y representantes de las Juntas Comunales Nayla Loitegui, Pablo Ortiz Maldonado, Leonardo Lucchese y Julián Cappa.
“Pedimos a las autoridades que cumplan con la ley, para ayudar a los animales. Eso también va a facilitar nuestro trabajo”, explicó Daniel, de la organización Callejeritos de Flores que trabaja en el rescate y la rehabilitación de los animales, así como de conseguirles un hogar.
Los datos oficiales brindados en la página del Gobierno de la Ciudad estipulan que hay ocho Centros Móviles de Atención Veterinaria. Y menciona la existencia de dos puntos fijos de atención, ubicados en la Costanera Sur y en el Parque Indoamericano de Villa Soldati.
Al respecto, en la presentación judicial denunciaron que “los dos puntos fijos existentes, son containers de chapa, y no cumplen con las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento”. Por ejemplo, los días de lluvia se suspende el servicio, porque regularmente los que llevan sus perros y gatos deben hacer cola para esperar y luego quedarse allí mientras se efectúan las intervenciones, a la intemperie. No tienen, por lo tanto, un espacio físico acorde a las necesidades del público y sus mascotas.
“Un establecimiento veterinario que no puede sostener su actividad porque llueve no está apto ni cumple con las condiciones establecidas por la ley para ser un Centro de Atención Veterinario Comunal”, advirtieron.
Hace unas semanas, los amparistas insistieron ante la a Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, que tramita la causa, para que se ejecute la sentencia de febrero y exigieron que se intime al Gobierno porteño a “cumplir de manera inmediata con lo ordenado en la sentencia”. Al parecer, el caso llegaría hasta el Tribunal Superior de Justicia porteño.
Ortiz Maldonado, integrante de la Junta de la Comuna 12, consideró que los Centros Veterinarios “tienen que ver con un tema de zoonosis muy importante en esta Ciudad de Buenos Aires, que cada vez tiene más animales y los va incorporando a la vida cotidiana de forma habitual. El Estado tiene que cumplir la ley y se tiene que hacer responsable”, exhortó.
Por su parte, el legislador porteño Emmanuel Ferrario remarcó que “los animales ya forman parte de la vida cotidiana de las familias porteñas y de la convivencia en el espacio público. Sin embargo, la Ciudad no está a la altura de esta realidad”.
“Es nuestra obligación brindar herramientas para resolver este tema”, sostuvo, aunque admitió que “falta un montón”. Ferrario presentó un paquete de leyes para el bienestar animal. Entre las propuestas, la Legislatura sancionó el endurecimiento de penas contra el maltrato y la tenencia irregular de mascotas.
