La posibilidad de reimpresión fue descartada por el fiscal federal Ramiro González, quien respaldó el rechazo de la Junta Electoral Nacional y destacó que la decisión final quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral.
Apoyado en los informes técnicos del Correo Argentino y de la Dirección Nacional Electoral, el fiscal con competencia electoral basó su dictamen en los procedimientos realizados: verificación de calidad, numeración, encuadernado, cortes y pasos previos a la entrega, como escaneo, encintado, control final y armado de bolsines.
González concluyó que “no existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la elección”, según el dictamen al que accedieron los medios de comunicación.
“La reimpresión de la Boleta Única Papel para el distrito traslada la posible confusión de una agrupación al riesgo para el acto electoral mismo conforme dispone la ley”, remarcó el fiscal González. Señaló que el 11 de octubre era la fecha límite para enviar los archivos a imprenta y que la reciente confirmación de la lista de candidatos de La Libertad Avanza (LLA) impidió realizar la prueba y aprobar el modelo definitivo dentro de los plazos legales.
Asimismo, consideró que ordenar una nueva impresión sería ineficaz e inoficioso, aun siguiendo las previsiones de los recurrentes. De acuerdo con el cálculo de la empresa Corporación Argentina de Servicios Auxiliares (CORASA), encargada de la logística electoral, estimó que el costo rondaría los 12.169 millones de pesos, y el Ministerio del Interior, a cargo de Lisandro Catalán, aclaró que cuenta con presupuesto suficiente para cubrirlo, aunque sería necesario reajustar partidas internas para hacerlo efectivo.
Para el fiscal, la coyuntura presenta obstáculos insalvables y argumentó: “Retrotraer el avanzado cronograma electoral a instancias técnicamente superadas para evitar una probable confusión de la oferta de una agrupación resulta extremadamente complejo. Cuando lo que está en juego es la propia realización de la elección, la conclusión es forzosa”. Además, destacó la labor de los técnicos de la Secretaría Electoral, quienes “conocen el terreno y las dificultades de una tarea de esta magnitud, que es prácticamente imposible de resolver a tiempo”.
