En medio de un clima político y económico adverso para el Gobierno, la Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma de la ley que regula el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y decretos delegados. Con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones —en su mayoría de la UCR—, la iniciativa recibió sanción definitiva y generó un fuerte rechazo por parte del oficialismo.
La reforma establece que el Poder Ejecutivo deberá conseguir el aval de ambas cámaras del Congreso en un plazo de 90 días para mantener la validez de sus decretos. En caso contrario, quedarán automáticamente derogados. Además, bastará con que una sola cámara rechace un DNU para que pierda vigencia, eliminando la “sanción ficta” que permitía su convalidación por silencio legislativo, mecanismo impulsado en 2006 por Cristina Kirchner.
Desde el oficialismo, la reacción fue inmediata. Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, acusó al kirchnerismo de buscar “desestabilizar al Gobierno” y generar “inseguridad jurídica”. En la misma línea, el diputado libertario Álvaro Martínez sostuvo que “cada vez que el kirchnerismo no gobierna, entorpece. Cuanto peor, mejor”.
Los bloques opositores defendieron la reforma como una herramienta para fortalecer el rol del Congreso y evitar el abuso de los DNU. “Esta ley no atenta contra la gobernabilidad, al contrario, es a favor”, replicó Nicolás Massot, de Encuentro Federal. Miguel Pichetto, del mismo espacio, recordó que votó la norma original en 2006, pero consideró necesaria su modificación por el uso excesivo que han hecho los distintos gobiernos.
💬 | @MiguelPichetto : “Aun cuando tenga atribuciones que la ley le otorga, el Poder Ejecutivo no debe usarlas de manera desmedida e irrazonable porque provoca un gran daño a todo el sistema institucional”. pic.twitter.com/A6E44nmgji
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) October 8, 2025
El radicalismo mostró posturas divididas. Mientras que en el Senado acompañó la reforma, en Diputados el bloque liderado por Rodrigo De Loredo propuso que entre en vigencia recién en 2027. “Exigirle esto a un gobierno sin gobernadores ni intendentes es desestabilizante”, argumentó. En contraste, Julio Cobos se desmarcó y apoyó la iniciativa, afirmando que los DNU deben tener “la misma jerarquía que una ley tradicional”.
Desde el bloque Pro, Damián Arabia pidió a los opositores que no sean funcionales al kirchnerismo y apeló a la “ética de la responsabilidad” de Max Weber. El libertario Santiago Santurio fue más duro: “Son una estafa los que votan con el kirchnerismo. Tienen la misma agenda”. Ricardo López Murphy, en una posición más neutral, criticó la falta de diálogo del oficialismo y advirtió sobre la posible inconstitucionalidad de la reforma.
| @RodrigodeLoredo: “La oposición impulsa una reglamentación necesaria para los DNU pero la intenta aplicar a un gobierno débil. Sin embargo, no lo hizo con su propio gobierno ni con anteriores. Por eso, proponemos que se aplique a partir del 10 de diciembre de 2027”. pic.twitter.com/Iww6phtiMm
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El debate dejó al descubierto varias paradojas. Por un lado, el oficialismo defendió con firmeza una ley que lleva el sello de Cristina Kirchner, figura centralmente cuestionada por los libertarios. Por otro, el kirchnerismo mantuvo un silencio casi absoluto durante la sesión, salvo por la intervención de Mónica Litza, cercana a Sergio Massa, quien defendió la reforma destacando decretos que ampliaron derechos como la Asignación Universal por Hijo.
Con esta reforma, el Congreso recupera protagonismo en el control de los decretos presidenciales, en un contexto de alta tensión institucional. El Gobierno, por su parte, enfrenta un nuevo desafío político que podría alterar el equilibrio de poderes y sumar presión a su ya compleja gestión.