Los libertarios lograron este miércoles evitar una derrota completa en la Cámara de Diputados y consiguieron ganar tiempo en el debate sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La oposición aprobó una ley que restringe severamente la facultad presidencial para dictarlos, aunque un artículo clave fue rechazado, lo que obliga a que el texto vuelva al Senado. Allí se definirá si se ratifica la versión original o se aceptan los cambios introducidos por Diputados.
Desde la Casa Rosada habían anticipado que el presidente Javier Milei vetaría la norma por considerar que afecta la gobernabilidad. Sin embargo, el oficialismo celebró que el proceso legislativo se prolongue más allá de las elecciones, lo que posterga la eventual confrontación institucional. En el entorno del Gobierno confían en que un buen resultado electoral les permita recomponer vínculos con gobernadores y aliados, para frenar la serie de reveses parlamentarios que vienen acumulando.
La iniciativa, aprobada originalmente en el Senado con respaldo del radicalismo, fuerzas provinciales y algunos referentes del Pro, modifica la ley 26.122 de 2006, sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner. El nuevo texto establece que ambas Cámaras deberán pronunciarse para validar un DNU, y no solo una como hasta ahora, lo que refuerza el poder del Congreso. No obstante, el artículo que imponía un plazo de 90 días corridos para tratar los decretos cayó por apenas dos votos, tras abstenciones y cambios de posición de diputados de la Coalición Cívica, Coherencia, PRO, MID y la UCR.
La reforma también determina que cada decreto deberá limitarse a un área específica, impidiendo que el Ejecutivo mezcle múltiples temas en un solo texto, como ocurrió con el polémico DNU 70/23 de desburocratización del Estado. Si la ley prospera, el Gobierno quedará con un margen de acción mucho más acotado: el veto de Milei será su última carta para evitar que el Congreso le imponga un sistema de control que, según varios analistas, podría derivar en una parálisis de gestión si no logra acuerdos amplios.
La sesión
En medio de un clima político y económico adverso para el Gobierno, la Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma de la ley que regula el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y decretos delegados. Con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones —en su mayoría de la UCR—, la iniciativa recibió sanción definitiva y generó un fuerte rechazo por parte del oficialismo.
La reforma establece que el Poder Ejecutivo deberá conseguir el aval de ambas cámaras del Congreso en un plazo de 90 días para mantener la validez de sus decretos. En caso contrario, quedarán automáticamente derogados. Además, bastará con que una sola cámara rechace un DNU para que pierda vigencia, eliminando la “sanción ficta” que permitía su convalidación por silencio legislativo, mecanismo impulsado en 2006 por Cristina Kirchner.
Desde el oficialismo, la reacción fue inmediata. Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, acusó al kirchnerismo de buscar “desestabilizar al Gobierno” y generar “inseguridad jurídica”. En la misma línea, el diputado libertario Álvaro Martínez sostuvo que “cada vez que el kirchnerismo no gobierna, entorpece. Cuanto peor, mejor”.
Los bloques opositores defendieron la reforma como una herramienta para fortalecer el rol del Congreso y evitar el abuso de los DNU. “Esta ley no atenta contra la gobernabilidad, al contrario, es a favor”, replicó Nicolás Massot, de Encuentro Federal. Miguel Pichetto, del mismo espacio, recordó que votó la norma original en 2006, pero consideró necesaria su modificación por el uso excesivo que han hecho los distintos gobiernos.
💬 | @MiguelPichetto : “Aun cuando tenga atribuciones que la ley le otorga, el Poder Ejecutivo no debe usarlas de manera desmedida e irrazonable porque provoca un gran daño a todo el sistema institucional”. pic.twitter.com/A6E44nmgji
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) October 8, 2025
El radicalismo mostró posturas divididas. Mientras que en el Senado acompañó la reforma, en Diputados el bloque liderado por Rodrigo De Loredo propuso que entre en vigencia recién en 2027. “Exigirle esto a un gobierno sin gobernadores ni intendentes es desestabilizante”, argumentó. En contraste, Julio Cobos se desmarcó y apoyó la iniciativa, afirmando que los DNU deben tener “la misma jerarquía que una ley tradicional”.
Desde el bloque Pro, Damián Arabia pidió a los opositores que no sean funcionales al kirchnerismo y apeló a la “ética de la responsabilidad” de Max Weber. El libertario Santiago Santurio fue más duro: “Son una estafa los que votan con el kirchnerismo. Tienen la misma agenda”. Ricardo López Murphy, en una posición más neutral, criticó la falta de diálogo del oficialismo y advirtió sobre la posible inconstitucionalidad de la reforma.
| @RodrigodeLoredo: “La oposición impulsa una reglamentación necesaria para los DNU pero la intenta aplicar a un gobierno débil. Sin embargo, no lo hizo con su propio gobierno ni con anteriores. Por eso, proponemos que se aplique a partir del 10 de diciembre de 2027”. pic.twitter.com/Iww6phtiMm
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) October 8, 2025
El debate dejó al descubierto varias paradojas. Por un lado, el oficialismo defendió con firmeza una ley que lleva el sello de Cristina Kirchner, figura centralmente cuestionada por los libertarios. Por otro, el kirchnerismo mantuvo un silencio casi absoluto durante la sesión, salvo por la intervención de Mónica Litza, cercana a Sergio Massa, quien defendió la reforma destacando decretos que ampliaron derechos como la Asignación Universal por Hijo.
Con esta reforma, el Congreso recupera protagonismo en el control de los decretos presidenciales, en un contexto de alta tensión institucional. El Gobierno, por su parte, enfrenta un nuevo desafío político que podría alterar el equilibrio de poderes y sumar presión a su ya compleja gestión.