La presentación fue encabezada por Victoria Tolosa Paz, Agustina Propato y Marcela Pagano, acompañadas por referentes de peso como Santiago Cafiero, Daniel Gollan, Carlos Castagneto y Martín Soria. El texto sostiene que la permanencia del economista liberal en el Congreso “afecta el decoro y la credibilidad institucional” y que su exclusión es un “acto de responsabilidad constitucional”.
Los fundamentos señalan que Espert figura en registros judiciales de Estados Unidos como receptor de transferencias por 200.000 dólares provenientes de operaciones vinculadas al empresario argentino Fred Machado, acusado en ese país de narcotráfico y fraude. Estos documentos forman parte de un expediente por lavado de activos y habrían sido difundidos recientemente en medios nacionales, lo que, según los diputados, constituye un hecho de “enorme gravedad institucional”.
José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto ni ocupar una banca en el Congreso.
El candidato de Milei está señalado por un crecimiento patrimonial del 750% que no puede explicar, con u$s200.000 de origen desconocido. Además, violó la ley electoral al… pic.twitter.com/o9odtQq1Th
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) September 30, 2025
El proyecto lleva también la firma de Aldo Leiva, Sabrina Selva, Jorge Araujo Hernández, Ana María Ianni, Mónica Litza, Nancy Sand, Ernesto Alí, Blanca Osuna, Gustavo González, Natalia Zabala Chacur, Lorena Pokoik y Martín Aveiro. Todos ellos remarcan en el escrito que “un diputado nacional no puede ejercer el mandato popular bajo sospechas de connivencia con circuitos ilegales que atentan contra la salud pública y el orden democrático”.
A su vez, adhirieron al pedido Pablo Todero, Eugenia Alianiello, Hilda Aguirre, Carolina Yutrovic, Eduardo Tonioli, Jorge Romero, Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta, Gerardo González, Ricardo Herrera, Eduardo Valdés, Gabriela Pedrali, Carlos Cisneros, Varinia Marín y Juan Manuel Pedrini. Según remarcan, no actuar significaría “naturalizar la infiltración del narcotráfico en las estructuras de representación política”, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.
Finalmente, completan la lista de firmantes Jorge Chica, Carolina Gaillard y José Glinski, quienes señalaron que la aprobación del proyecto marcaría un precedente histórico en el Parlamento argentino. La decisión, de prosperar, no solo pondría en el centro del debate la ética pública y la transparencia legislativa, sino también el impacto creciente de los delitos transnacionales en la política local.
