El empresario de la construcción, Martín Macarrone, cumple un año desde que fue presentado como coordinador de Infraestructura bajo el mando del ministro de Economía, Luis Caputo, aun cuando su designación no se formalizó en el Boletín Oficial.
Aunque su cargo no aparece oficialmente, Macarrone ejerce funciones fundamentales en la adjudicación y supervisión de obra pública.
Su situación genera críticas vinculadas a posibles conflictos de interés: por un lado ocupa un rol clave en el Estado; por otro, tiene y ha tenido empresas de construcción con antecedentes de obra privada.
Entre sus antecedentes empresariales están Coinsa Construcciones S.A., que ejecutó proyectos como Paseo Gigena, Shopping Soleil y Patio Bullrich, y también presidió Maland S.A., dedicada al mismo rubro.
En una de sus pocas intervenciones públicas, Macarrone participó en el programa de streaming libertario Carajo, junto con Caputo.
Allí anunció que se eliminarían los “antecedentes técnicos” como requisito obligatorio para licitaciones de rutas, lo que permitiría que cualquier empresa pueda competir.
Según dijo, empresas como Mercado Libre o Cargill podrían presentarse en licitaciones viales.
El diseño institucional dentro del Ministerio de Economía le otorga a Macarrone poderes poco convencionales: tiene la potestad de validar contratos, centralizar licitaciones, controlar los plazos y manejar las partidas presupuestarias.
Desde el ministerio describen su rol con una frase contundente: “Nada se mueve sin su visto bueno”.
“Necesitamos más gobernabilidad. Las mesas van a ser mesas ejecutivas, no mesas de café”
🎙️Toto Caputo en Tres Anclas. pic.twitter.com/U3QcDdn5oR
— Carajo (@CarajoStream) September 11, 2025
Desde el punto de vista de sus vínculos, Macarrone llegó al gobierno junto con la aprobación de Santiago Caputo, asesor presidencial, y compartió con el ministro Luis Caputo una relación societaria previa en el fondo de inversiones Axis. Macarrone llegó a tener el 21,18 % del paquete accionario, porcentaje del cual luego se desprendió.
También se destacan sus estudios: ingeniería industrial por el ITBA, maestría en Finanzas Corporativas por la Universidad del CEMA, y experiencia internacional trabajando en Merrill Lynch.
Tanto la ambigüedad legal de su cargo como la combinación de roles —funcionario y empresario— alimentan la preocupación pública y política. Expertos en transparencia señalan que la ausencia de formalización en el Boletín Oficial impide supervisar adecuadamente sus actos, mientras los opositores advierten que esta concentración de funciones erosiona controles institucionales. En ese escenario, surge el debate sobre qué mecanismos deberían implementarse para evitar conflictos de interés en la gestión de la obra pública.
