La Fundación Apolo formuló una denuncia disciplinaria y penal contra la fiscal federal N° 2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y el fiscal federal N° 1 de la misma jurisdicción, Sergio Mola. La acusación, que lleva la firma de Yamil Santoro con el patrocinio de los abogados José Magioncalda, Ignacio Falcón y Nicolás Silvera, apunta a la reiterada decisión de ambos de archivar causas vinculadas a incendios intencionales, destrucción de instalaciones y amenazas graves dentro del Servicio Penitenciario Federal, particularmente en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
El escrito sostiene que los fiscales denunciados habrían incurrido en los delitos de prevaricato (arts. 271 y 272 del Código Penal) y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 CP), así como en faltas graves previstas en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley 27.148). La denuncia remarca que, en numerosos episodios ocurridos entre 2023 y 2025, los fiscales adoptaron un proceder uniforme de archivo infundado y negaron al Servicio Penitenciario Federal su rol como parte querellante, decisión que posteriormente fue invalidada por el juez federal interviniente.
La presentación judicial también advierte sobre el uso de criterios diferentes en casos de similar naturaleza: mientras que en episodios de vandalismo intramuros las causas eran cerradas sin impulso judicial, en otros de mayor exposición mediática se avanzó con procesamientos. Para la ONG anticorrupción, la única diferencia sustancial es la repercusión pública de los hechos, lo que evidencia una arbitrariedad grave en la actuación fiscal.
Entre los hechos señalados figuran incendios provocados con colchones en celdas, destrucción de cámaras de seguridad, luminarias y estufas, y amenazas de prender fuego pabellones completos. Todos estos sucesos derivaron en daños millonarios al patrimonio estatal y en riesgos concretos para la vida del personal penitenciario y de internos mismos. En varias de estas causas, el juez federal Federico Villena declaró nulos los dictámenes de archivo, calificando sus fundamentos como “aparentes” y “contrarios a derecho”.
«No se trata de meras abstracciones estadísticas. Fueron hechos puntuales, registrados y acreditados en sede judicial y administrativa, cuya gravedad demuestra la necesidad de intervención», señalaron desde Apolo.
En cuanto al derecho aplicable, el escrito destaca que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal obligan a los fiscales a promover la acción penal en defensa de la legalidad y del interés general. Al archivar causas de tal gravedad, no sólo se generó un perjuicio económico por la reposición de bienes destruidos, sino que también se debilitó la seguridad institucional y se envió un mensaje de impunidad a los internos.
Finalmente, la Fundación Apolo solicitó la apertura de un sumario disciplinario y la elevación de las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, con la posibilidad de remoción de los funcionarios. Asimismo, pide que se remitan copias al fuero penal competente para que se investiguen las conductas denunciadas.
