Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un nuevo paro tras el veto del Poder Ejecutivo a la ley de emergencia en pediatría, normativa que fue sancionada por el Congreso con el objetivo de recomponer salarios y actualizar la partida presupuestaria para los hospitales pediátricos. La medida de fuerza comenzará este viernes a las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 19 horas del domingo; además, los gremios indican que se prepara una movilización que acompañará la protesta.
Según relatan desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos (APyT), la situación laboral en el Garrahan está atravesada por un creciente deterioro institucional: hay renuncias masivas, falta de recursos esenciales para la atención pediátrica, guardias que no se pueden cubrir y un clima de profunda preocupación entre quienes trabajan allí. Estas problemáticas habían sido centrales en la ley de emergencia, que fue aprobada tanto en Diputados como en el Senado.
📢“Este Gobierno ha provocado una crisis terminal en el sistema sanitario público. El veto afecta el acceso a la salud de toda la población”, indicó Rodolfo Aguiar. En las próximas horas el sindicato convocará asambleas para definir el día y la modalidad de la protesta en todo el… pic.twitter.com/X0u1yxmUbI
— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) September 11, 2025
En respuesta, los gremios manifestaron un fuerte rechazo. Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, afirmó que el veto generó “una bronca terrible” y sostuvo que no aceptan un gobierno que actúe tras lo que consideran una derrota electoral. Norma Lezana, de APyT, fue aún más enfática, calificando al presidente como enemigo de la infancia, de la salud pública y de la universidad.
El plan de lucha incluye además un “Ruidazo Nacional” el viernes a las 20 horas con epicentro en el Garrahan, además de plazas, esquinas y distintos espacios públicos del país. Para el lunes 15, se convoca a una conferencia de prensa frente al Congreso junto con la comunidad universitaria y organizaciones de salud pública, con el fin de exigir que los legisladores rechacen los vetos.
La disputa se instala no sólo en el plano gremial, sino también político, dado que los vetos en cuestión —el de la emergencia en pediatría y el del financiamiento universitario— generan tensiones con distintos sectores del Estado, con trabajadores, con la comunidad científica y educativa, y con quienes advierten el riesgo de pérdida de calidad en servicios esenciales.
