Un reciente Monitor de Humor Social y Político elaborado por D’Alessio IROL y Berensztein confirma una creciente insatisfacción ciudadana con el rumbo del país. Por quinto mes consecutivo, la percepción sobre la economía se agrava: el 59% de los encuestados considera que hoy está peor que en 2024, mientras que apenas un 40% opina lo contrario.
Las perspectivas a futuro tampoco aportan alivio. Un 57% proyecta que la situación económica se deteriorará en los próximos doce meses, frente a un 40% que aún mantiene algo de esperanza en una mejora. Incluso entre los votantes de La Libertad Avanza (LLA), el núcleo optimista cayó ocho puntos en solo un mes.
En paralelo, la administración de Javier Milei registra su peor evaluación desde que asumió en diciembre pasado: el 57% de los consultados la valora negativamente, frente a un 42% que la respalda.
La brecha se ensancha según la identidad política: el rechazo entre votantes de Unión por la Patria (UP) alcanza el 98%, mientras que la aprobación entre seguidores de La Libertad Avanza (LLA) se sitúa en 72%, dos puntos menos que en julio.
El sondeo, llevado a cabo entre el 29 y el 31 de agosto sobre 1.000 casos en todo el territorio nacional, desvela también las principales preocupaciones ciudadanas. Con un 66% cada una, la inseguridad y la incertidumbre económica ocupan el podio. Les siguen la falta de propuestas de crecimiento (55%) y la corrupción en el gobierno de Milei (55%), avivada tras el escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
En el ranking de imagen de dirigentes, Patricia Bullrich lidera con un 42% de valoración positiva, seguida de cerca por Guillermo Francos (40%) y el propio Milei (39%). En contraste, la vicepresidenta Victoria Villarruel sufrió un desplome hasta el 31%. El gobernador bonaerense Axel Kicillof (36%) y la expresidenta Cristina Kirchner (28%) recuperaron algunos puntos en este relevamiento.
Por último, ante el reciente veto presidencial a leyes de emergencia en jubilaciones y discapacidad, el 44% de los encuestados cree que la medida buscó evitar un mayor gasto público; un 25% lo atribuye a maniobras políticas y un 20% a razones de corrupción o insensibilidad social.