Un sondeo de Zuban Córdoba revela un fuerte deterioro de la imagen del Gobierno tras el escándalo conocido como Coimasgate (o Karinagate): mayoría reclama renuncias, percibe una respuesta oficial improvisada y anticipa efectos negativos sobre la confianza inversora y el respaldo electoral.
El estudio muestra que el 65% de los consultados considera que los funcionarios involucrados deben renunciar y ponerse a disposición de la Justicia, en medio de una crisis de credibilidad que ya se instaló en la agenda pública. El informe califica al episodio como otro capítulo de una serie de conflictos que el oficialismo no logró cerrar.
La encuesta, realizada entre el 27 y 28 de agosto sobre 1.200 casos, refleja una percepción generalizada de improvisación: el 62% sostiene que la reacción oficial fue improvisada. Además, siete de cada diez personas dicen que no pondrían las manos en el fuego por Karina Milei ni por los hermanos Menem.
El impacto excede lo estrictamente político: un 61% de los consultados cree que el escándalo tendrá consecuencias negativas en los mercados y un 58% estima que puede provocar una caída en la confianza de los inversores, un dato relevante en un contexto económico ya frágil.
En términos electorales, la crisis también desnuda una posible sangría para el oficialismo: un 12% de quienes votaron por Javier Milei en el balotaje de 2023 afirma que ya no lo votaría, suma que se añade a un 13% que había retirado su apoyo antes de este episodio. En un año con competencia electoral, incluso fugas pequeñas pueden tener peso decisivo.
Los encuestados ponderan además la gravedad relativa del caso: un 45% lo ubica como el escándalo de mayor peso frente a episodios previos como el Libragate, y casi la mitad (47%) considera que el gobierno actual es más corrupto que gestiones anteriores, frente a solo un 22% que lo niega.
El daño reputacional se hace visible en la imagen presidencial: dos de cada tres entrevistados creen que la reputación del Gobierno empeoró con el Coimasgate y más de la mitad (56%) opina que Milei debería ser sometido a juicio político. Analistas consultados por el informe hablan de una “policrisis” que combina riesgo judicial, pérdida de confianza y efectos económicos.
El sondeo de Zuban Córdoba dibuja un panorama complejo para la administración: la exigencia de renuncias, la percepción de improvisación y el temor a un impacto en los mercados y en el voto conforman un cóctel que obligará al Gobierno a dar respuestas claras si quiere contener el daño político y financiero. La pelota, por ahora, queda en la cancha oficial: transparencia y explicaciones serán clave para intentar reconstruir confianza.