Las denuncias, presentadas a través de la Comisión de Disciplina —órgano del Consejo encargada de analizar sanciones menores— incluyen además acusaciones de abuso de poder, maltrato laboral, uso indebido de recursos públicos y incumplimiento del reglamento para la función judicial.
Entre los casos que sobresalen se cuenta el testimonio de una empleada que denunció haber sido acosada apenas una semana después de ingresar a trabajar con el magistrado. Afirmó haber sido sometida a tocamientos y besos no consentidos, y que mantuvo una relación sexual no voluntaria por temor a perder el empleo.
Otro expediente detalla que el juez enviaba mensajes inapropiados por redes sociales, realizaba comentarios sobre la vestimenta de una empleada e imponía acercamientos físicos no deseados, conducta que provocó en ella ideas suicidas antes de decidir formalizar la denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.
El juez fue notificado de las denuncias el 19 de agosto y tiene un plazo de 20 días para defenderse por escrito, presentar pruebas o designar un abogado defensor, conforme al reglamento de la Comisión de Disciplina.
Este escenario llega justo en el momento en que Maraniello tomó notoriedad pública por su decisión judicial: prohibió la difusión de los audios grabados supuestamente en la Casa Rosada, que implican conversaciones de Karina Milei, una medida que el Gobierno calificó como parte de una operación de inteligencia ilegal.
El contraste entre una medida judicial de fuerte impacto político y las denuncias internas del juez abre un nuevo eje de cuestionamiento: mientras la opinión pública debate sobre libertad de expresión y espionaje institucional, persisten interrogantes sobre la conducta ética del magistrado al frente de ese fallo.