El gobierno nacional admitió que el viaje del presidente Javier Milei a la segunda edición de la “Derecha Fest”, realizada en Córdoba el 22 de julio pasado, le costó al Estado $6.340.684. La cifra —incluida en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó ante la Cámara de Diputados— desató una nueva controversia política: la utilización de la flota presidencial y un operativo de seguridad para un evento de acceso pago y perfil partidario volvió a poner en tensión el discurso oficial de “austeridad” y las normas que regulan las aeronaves públicas.
Según la documentación oficial y la cobertura periodística, el traslado se hizo con aparatos de la flota estatal —identificados por medios como el Tango 10 (Learjet 60) de Presidencia— y requirió la movilización de agentes de Casa Militar y distintas fuerzas federales. Las crónicas difieren en el total de efectivos desplegados: mientras algunos medios hablan de un despliegue aproximado de 250 personas entre seguridad y fuerzas federales, otros consignan cifras menores (alrededor de 168 o de 40 efectivos en distintos puntos del operativo). Esa dispersión en los recuentos alimenta la demanda de explicaciones formales sobre el detalle real del gasto y la logística.
La polémica tiene además una arista jurídica: en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 712/2024, que regula el uso de aeronaves públicas y establece que “las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del Poder Público”. Esa norma, publicada en el Boletín Oficial, es invocada por la oposición para cuestionar la justificación oficial del traslado a un acto con entrada pagada.
Frente a las críticas, la Casa Rosada y el propio jefe de Gabinete defendieron la operación: el informe de Francos ante Diputados describe el viaje como enmarcado en actividades institucionales y la Secretaría de Presidencia publicó que Milei “participó” en Córdoba, mientras que voceros ejecutivos apuntaron a encuentros informales y a saludos con autoridades provinciales como el gobernador Martín Llaryora y a interlocuciones con enviados internacionales como elementos que, según el Gobierno, convertirían el viaje en una salida con carácter oficial. Esa versión, sin embargo, no convenció a sectores de la oposición que reclaman documentación detallada que respalde cada rubro del gasto.
La reacción parlamentaria fue inmediata: legisladores de distintos bloques presentaron pedidos de informes y proyectos para que la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia informen sobre el detalle del desembolso —transporte, combustible, horas de vuelo, personal de Casa Militar, seguridad y viáticos— y expliquen bajo qué norma se amparó la utilización de aeronaves públicas para un evento de corte partidario.
Entre quienes exigieron explicaciones figuraron la diputada Gabriela Estévez y otros representantes que plantearon la posible contradicción entre el episodio y el discurso de achique del gasto público.
Preguntamos al jefe de Gabinete sobre el costo del viaje de Javier Milei al evento privado “Derecha Fest” en Córdoba. Admitió $6.340.000 (el valor de 32 pensiones por discapacidad) pagados con dinero público aunque sin detallar los gastos. Derroche de fondos. Transparencia cero.…
— Gabriela Estévez (@gabiestevezok) August 27, 2025
La dimensión política del hecho es difícil de aislar. La “Derecha Fest” no fue un acto de Estado sino un encuentro organizado por referentes del ecosistema libertario, con entradas de pago y un componente netamente militante; medios y analistas calcularon además que la venta de entradas y la magnitud del evento le significaron a la organización ingresos millonarios, por lo que la utilización de recursos públicos para asistir a una actividad que, en principio, no responde a un interés público singular plantea dudas sobre prioridades y equidad en el uso de las arcas públicas. El contraste entre lo recaudado por la organización del festival y lo gastado por el Estado amplificó la percepción de hipocresía política.
Desde el punto de vista institucional, especialistas en derecho administrativo recordaron que el decreto que limita el uso de aeronaves estatales admite excepciones (por ejemplo, contratos interjurisdiccionales entre entes públicos) pero exige justificación técnica y legal cuando la operación se sale de los usos habituales. En la práctica, esa exigencia implica que el Ejecutivo deberá exhibir documentación probatoria —órdenes de vuelo, actas de reuniones con autoridades provinciales o extranjeras, liquidaciones de horas de vuelo y memos de Casa Militar— si quiere cerrar el episodio sin costos reputacionales mayores.
Políticamente, la controversia alimenta la narrativa opositora de “doble estándar” y dará lugar a más pedidos de informes y a eventuales citaciones en comisiones; en lo institucional, reaviva el debate sobre la transparencia en el manejo de la flota estatal y la necesidad de normativas más claras para evitar interpretaciones discrecionales.
Para el Gobierno, la defensa basada en “encuentros oficiales” tendrá que traducirse en papeles y comprobantes si quiere disipar la sospecha de que recursos públicos subsidiaron un acto partidario de claro beneficio para el propio espacio gobernante.
HICIMOS HISTORIA CON EL MEJOR PRESIDENTE DE LA HISTORIA @JMilei pic.twitter.com/r7SM4TTLme
— Derecha Fest (@DerechaFest) July 25, 2025
