La medida, impulsada por la mayoría de los gobernadores y avalada previamente por el Senado, representa un nuevo golpe al Gobierno libertario, que defendía el uso selectivo de esos fondos en situaciones de emergencia.
El resultado final fue contundente: 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones. Aunque se trató de una mayoría clara, no se alcanzó el umbral de los dos tercios necesario para blindar la ley frente a un eventual veto presidencial.
Según el nuevo esquema aprobado, el 41,2 % del fondo de ATN seguirá quedando bajo el control de la Nación, mientras que el 58,8 % restante se repartirá automáticamente entre las provincias, siguiendo los criterios de coparticipación establecidas en la Ley 23.548. Los recursos serán transferidos bajo los mismos mecanismos que rigen para el reparto de fondos coparticipables, integrándose formalmente a esa masa.
El costo fiscal estimado es modesto si se lo mide como porcentaje del PBI: alrededor del 0,03 %, equivalente a unos $253.000 millones, según los cálculos de los gobernadores. En cualquier caso, destacan que no se trata de un gasto adicional, sino de recursos que ya les corresponden a las provincias.
Con 143 votos afirmativos, 90 negativos y 12 abstenciones se aprobó la distribución automática de los recursos del fondo de ATN a las provincias. pic.twitter.com/DHlEr6QbQY
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) August 21, 2025
El debate parlamentario fue intenso. Legisladores oficialistas defendieron la necesidad de mantener la discrecionalidad para atender emergencias. En ese sentido, el diputado Carlos Zapata advirtió que un reparto automático podría abrir camino a “un sistema de corrupción”. Por su parte, Ariel Rauschenberger y Silvana Ginocchio (Unión por la Patria) denunciaron que el Ejecutivo estaba ahogando financieramente a las provincias al concentrar la distribución de los ATN.
Además del eje principal, la sesión evidenció el papel decisivo de los gobernadores en el recinto. Algunos, como Frigerio, Cornejo, Zdero, Orrego y Jorge Macri, modificaron su postura política tras alianzas electorales con el oficialismo, ordenando a sus legisladores votar en contra o abstenerse, lo que evidenció la fragilidad de consensos previos.
Con la sanción de esta ley las provincias accederán a flujos de fondos más predecibles y menos sometidos a negociaciones políticas, fortaleciendo su autonomía financiera si el Gobierno nacional no decide vetar la norma