En un intento de suavizar el impacto político del rechazo del veto, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció en sus redes sociales que el Ejecutivo “está considerando” incrementar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Pero al mismo tiempo, en despachos oficiales admiten que ese gesto fue “un último recurso para convencer a algunos diputados”, aunque confiesan: “el partido ya estaba jugado”.
El plan legal del Ejecutivo contempla dos líneas de acción: primero, cuestionar la validez de la sesión del Senado que aprobó la Ley, argumentando que la convocatoria de sesiones es potestad del Ejecutivo.
El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento…
— Manuel Adorni (@madorni) August 20, 2025
Segundo, presentar que la norma fue impuesta sin fuentes de financiamiento, lo que, argumentan, la vuelve inviable y por ende susceptible de impugnación judicial. En este punto, la Oficina del Presupuesto del Congreso estimó un impacto fiscal de entre el 0,25 % y el 0,45 % del PBI, cifra que el Gobierno considera insostenible.
Los bufetes judiciales del Ejecutivo se concentrarán en desplegar la ofensiva legal —probablemente vía el fuero contencioso–administrativo— mientras se abren pasos para ofrecer aumentos presupuestarios limitados, sin comprometer las nuevas altas de pensiones, el principal costo fiscal de la norma. También se contempla reasignar fondos mediante la baja de beneficiarios de Incluir Salud para cumplir parcialmente con algunos aspectos de la Ley.
Este nuevo escenario judicial y político se desarrolla en un contexto de fuerte tensión en el Congreso. La oposición logró este miércoles rechazar el veto presidencial en Diputados con 172 votos afirmativos, y la envió al Senado. Ahora, mientras esa Cámara debe decidir si la convierte en definitiva, el Gobierno busca resguardar su política fiscal mediante los tribunales.