Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) encendió las alarmas en el sistema educativo porteño al revelar serias irregularidades en el área de Educación Especial. Según el documento, no sólo hay una preocupante falta de transparencia y desactualización normativa, sino también un desvío presupuestario de más de 500 millones de pesos que no ha sido justificado.
“El 47% de las escuelas tienen cargos docentes pendientes de creación”, señala el informe, dejando al descubierto una grave descoordinación entre la normativa vigente, la planta orgánica y las necesidades reales de las instituciones. Esta situación genera un impacto directo en la calidad educativa que reciben los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, una de las poblaciones más vulnerables del sistema.
El auditor por Unión por la Patria (UP) Lisandro Teszkiewicz, quien impulsó la investigación, fue contundente en sus críticas: “No hay inclusión real si se invisibilizan las condiciones concretas de las escuelas especiales. La Ciudad no puede seguir mirando para otro lado con las personas con discapacidad”. En ese sentido, también cuestionó la falta de publicación en el Boletín Oficial de al menos 17 actos administrativos relacionados con movimientos presupuestarios.
Uno de los datos más inquietantes es el faltante de 527 millones de pesos en el rubro de “gastos en personal”. Teszkiewicz advirtió que se trata de “una cifra obscena” cuando se trata de recursos destinados a chicos y chicas con discapacidad. “¿En qué parte de la educación especial está reflejado ese dinero?”, se preguntó el auditor peronista.
Finalmente, Teszkiewicz denunció que tanto el oficialismo porteño como el gobierno nacional están incurriendo en una política sistemática de exclusión. “Mientras Milei veta la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por unanimidad en el Congreso, el Pro lo acompaña dando la espalda a una parte fundamental de la sociedad. Esto es una muestra clara de la crueldad con la que gestionan”, concluyó.
